Durante la conferencia mañanera de este miércoles, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de un grupo interinstitucional para combatir y erradicar la subcontratación ilegal que realizan algunas empresas mediante el esquema del “outsourcing”. Se espera que esta medida tenga repercusiones a nivel local, ya que Ciudad del Carmen se ha configurado como un paraíso de la subcontratación, particularmente con empresas relacionadas con la industria petrolera.
Derivado de la crisis económica y laboral causada por la fallida Reforma Energética, decenas de miles de trabajadores de la industria petrolera se quedaron sin empleo a nivel local a partir del 2014, este fenómeno desató la precariedad laboral en trabajos con sueldos inferiores a los establecidos en la industria, así como el surgimiento de esquemas de outsourcing sin las garantías laborales claras, lo que ha sido denunciado por diversas agrupaciones y sindicatos obreros.
Orillados por el desempleo, obreros carmelitas y foráneos se han sometido a estos esquemas que fueron denunciados ayer por el Gobierno de México. De acuerdo con autoridades laborales de orden federal, existe la subcontratación legal, entendida como un servicio especializado que permite que los negocios se dediquen a su principal actividad, pero sin distraerse en actividades que no son propias al giro de estas empresas, lo que está regulado en la Ley Federal del Trabajo.
Por el contrario, se entiende como subcontratación ilegal aquella que traslada la plantilla laboral a empresas intermediarias, con el objetivo de encubrir la relación laboral a través de actos simulados para incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales de seguridad social.
En Carmen, desde hace varios años se han presentado denuncias contra empresas del ramo petrolero que recurren a este esquema de ilegalidad antes descrito, pero también existen algunas empresas dedicadas al giro de la seguridad privada que contratan gente con fines de limpieza o intendencia, casos de estos se dan incluso en instituciones públicas que en el municipio que recurren a la subcontratación ilegal para servicios no relacionados con los giros de las empresas contratadas.
Subcontratación
y evasión fiscal
El día de ayer se anunció que el outsourcing ilegal será equiparable a delitos de Delincuencia Organizada, ya que no sólo se violan las garantías laborales, también ha servido para la evasión fiscal que afecta las finanzas públicas.
El grupo interinstitucional estará conformado con la participación de dependencias federales, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), además de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), ambas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El Presidente López Obrador ejemplificó que durante el pasado mes de diciembre, unas 14 mil empresas a nivel nacional recurrieron al despido de cerca de 60 mil trabajadores para no pagar sus garantías laborales de fin de año y que estaban bajo un esquema de subcontratación, aunque afirmó que de esta forma se generaron poco más de 280 mil despidos durante el 2019.
Por su parte, la Secretaria del Trabajo, Luis María Alcalde Luján, mencionó que se estima que unas 6 mil empresas a nivel nacional cometen subcontratación abusiva con lo que se evaden un monto aproximado de 21 mil millones de pesos.
Por ello, desde septiembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre se realizaron acciones de inspección que arrojaron un total de mil 200 empresas en las que se concentran más de 862 mil empleados, pero bajo subcontratación ilegal y en condiciones de precariedad laboral.
El grupo interinstitucional anunciado el día de ayer mantendrá inspecciones y operativos durante todo el 2020 para detectar posibles abusos contra los trabajadores mexicanos, se espera que algunas de estas inspecciones puedan realizarse en Ciudad del Carmen, localidad donde han proliferado las empresas de diversa índole que ofrecen sus servicios de subcontratación a otros consorcios más grandes que obtienen contratos con Petróleos Mexicanos e incluso con Gobierno Estatal y municipal para la ejecución de obras públicas.
Finalmente, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, indicó que entre los principales sectores con outsourcing ilegal se encuentra precisamente el sector minero, en el que se incluye a la extracción de hidrocarburos, principal actividad económica de Isla del Carmen.
“Estas acciones se han concentrado en siete operativos especiales a grandes empresas con esquemas de subcontratación: hotelería, servicios informáticos, call center, farmacéuticas, minerías y producción de alimentos”, informó.
(Texto: Carlos Valdemar /
Fotos: POR ESTO! / Especial)