En Quintana Roo hay más de mil escuelas públicas de todos los niveles construidas que no cuentan con la documentación de escrituración, lo que le costaría al gobierno un monto de 80 millones de pesos, ya que por cada trámite notariado cuesta 80 mil pesos, dio a conocer Ana Isabel Vázquez, secretaria de educación en el estado, quien añadió que se han regularizado 110 escuelas construidas en sexenios anteriores y en esta administración los 30 planteles edificados se encuentran en orden. Por su parte, Carlos Bazán Castro, notario público número 2, explicó que es una tendencia social ocupar un terreno del que no se tiene derecho, que hasta en las escuelas se da.
La secretaria dijo que históricamente se construía sin documentos y así permaneció durante muchos años; a partir de esta última administración es que se realizan las construcciones con todos los papeles en regla; cuando un terreno es donado se convoca al municipio para que se realicen todos los trámites pertinentes, sin embargo, en este momento las prioridades económicas son otras, ya que el estado está enfrentando una crisis por la emergencia sanitaria del COVID-19.
Por su parte, el notario público explicó que por lo general estas donaciones son por el cambio institucional de gobierno; son poco probables los casos donde los terrenos para la construcción de escuelas provengan de particulares. Se habla de donaciones porque interinstitucionalmente entre el gobierno se da la titularidad del terreno a una u otra institución, hay órganos de educación centralizados y descentralizados y cada uno tiene su propio patrimonio.
El riesgo no es porque no tengan escrituras, en su opinión esto tiene que ver con un fenómeno social, tal vez de inseguridad general y esto parte de que una escuela sea ocupada por alguien que no tenga derecho, es por una tendencia general social de que esto está pasando y ahora hasta en los planteles educativos. Esto es un pendiente que tiene el gobierno, ya sea estatal o federal, ya que es toda una cadena de sucesos el por qué los terrenos no cuentan con la documentación completa.
Las autoridades correspondientes deberían tener un acercamiento con el Colegio de Notarios para llegar a un acuerdo, ya que la función del notario se basa en la sensibilidad o gestión social, y así se pueda proponer una solución como efecto de un sumar esfuerzos para que todo este tema quede regularizado, ya que los notarios ostentan una patente que proviene del gobierno del estado de trabajar por la certeza jurídica.
Por Angélica Gutiérrez