Una vez más, vecinos del fraccionamiento Los Almendros realizaron una denuncia pública y solicitaron el apoyo de las autoridades, pues el lugar que hace unos días fue clausurado por violar los lineamientos de la Secretaría de Educación (SEQ) y de la Secretaría de Salud al dar clases presenciales sin ni siquiera ser una escuela establecida, ahora empezó a funcionar como estancia infantil o guardería, y tampoco cuenta con los documentos pertinentes.
Los propietarios del sitio ignoraron la clausura por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y continúan realizando su actividad comercial, ingresando a niños sin ningún protocolo sanitario tanto de los padres de familia, como de los niños y los propios profesores.
Noticia destacada
Docentes de Quintana Roo piden transparentar los recursos del Programa de Tiempo Completo
La manifestación del lunes 19 de octubre ocasionó que la autoridad iniciara el proceso de inspección de la operación de la escuela clandestina y personal de Cofepris colocó sellos de clausura en el domicilio, pero les dejaron libre una puerta de acceso para “operaciones administrativas”.
Sin embargo, los propietarios la utilizaron para continuar ingresando a niños que a diario llevan sus papás sin las debidas medidas sanitarias.
De hecho, trascendió que los operadores del inmueble iniciaron un proceso legal contra la Cofepris para indagar el motivo por el cual fue colocado el sello de clausura en el acceso principal del fraccionamiento Los Almendros.
Una persona que dijo ser la encargada de la estancia indicó que los abogados iniciaron un proceso legal contra los vecinos por capar fotografías y videos de los menores.
Volverán a inspeccionar
Javier Francisco Toledo Alvarado, coordinador de la Cofepris en la zona centro, indicó que se la verificación fue a partir de una denuncia pública que derivó en suspensión del domicilio particular ante la falta de protocolos sanitarios por COVID-19 para estancias, tales como el uso de cubrebocas, la Sana Distancia, tapetes sanitizantes, chequeo de la temperatura corporal y aplicación de gel antibacterial. Ninguna de estas actividades se lleva a cabo el momento del ingreso de los menores.
Aclaró que la suspensión obedeció a la falta de cumplimiento de los protocolos sanitarios y no por la operación como tal de la institución, sin importar si contaba o no con los permisos pertinentes para operar.
Ayer de nueva cuenta recibieron la denuncia ciudadana de que los encargados no respetaron la clausura, lo que amerita otra verificación por parte del organismo. De confirmarse y comprobarse esta acción, dijo que el responsable de las operaciones tendrá que pagar una multa que va de mil a cuatro mil UMA por haber violado la disposición de la institución federal.
Por Joel Tzab