De 2016 a 2019, el pago por el arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento de oficinas del gobierno estatal, en distintos municipios de Quintana Roo, ha significado el gasto de 60 millones 932 mil 580 pesos de recursos públicos, cantidad que supera el presupuesto asignado este año para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo que fue de 29 millones en 2020, así como para la Secretaría Ejecutiva de Sistema Anticorrupción que quedó en 42 millones de pesos así como el etiquetado para diversas universidades estatales.
Hay costos de arrendamiento por arriba de los 100 mil pesos mensuales, gran parte de éstas por el uso de pisos completos en diversos edificios en Cancún, Playa del Carmen e incluso Chetumal, lo cual podría ahorrarse -al menos la suma pagada en Cancún- si las oficinas fueran trasladadas al Complejo Administrativo La Ceiba, el cual consta de cuatro niveles y requirió la inversión inicial de 100 millones de pesos, de acuerdo con lo que en su momento declararon las pasadas autoridades estatales.
La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) informó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, que en 2016 el gasto por el arrendamiento de inmuebles fue de 13 millones 135 mil pesos; en 2017 la suma llegó a los 14 millones 466 mil 636 peso; en 2018 incrementó a 19 millones 362 mil 144 pesos y en 2019 se ubicó en 13 millones 969 mil 476 pesos, por lo que el gasto promedio al año es de 15 millones de pesos.
En el ejercicio fiscal 2016, el monto más alto pagado mensualmente por concepto de arrendamiento fue de 92 mil pesos, es decir un millón 104 mil pesos al año que fueron solventados con recursos públicos; el inmueble por el que el gobierno estatal pagó esa cantidad está ubicado en Playa del Carmen y ahí funcionó el módulo de la Recaudadora de Rentas y la Dirección de la Auditoría Fiscal.
Ese año, por el arrendamiento de 41 inmuebles, el gobierno estatal pagó 13 millones 969 mil 476 pesos, cantidad superior a lo que asignó a la Universidad Tecnológica de Chetumal (12 millones 820 mil 75 pesos), a la Universidad Politécnica de Bacalar (13 millones 592 mil 86 pesos) e incluso mucho más alto que el etiquetado para el Órgano Técnico Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Quintana Roo (900 mil pesos).
Para el ejercicio fiscal de 2017, el gasto por el pago de arrendamientos subió cinco millones 392 mil 668 pesos, pues alcanzó los 19 millones 362 mil 144 mil pesos, dado que la cantidad de inmuebles también aumentó, pasando de 41 a 54.
Ese año, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo recibió menos recursos que los que fueron gastados en pago de arrendamientos, pues le autorizaron 17 millones 843 mil 111 pesos. De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), 160 personas fueron reportadas como desaparecidas, de las que 17 siguen bajo el estatus de no localizadas. Además, el monto gastado en pagos por el alquiler de oficinas fue mayor a cada uno de los que asignaron a tres universidades estatales ubicadas en Cancún, Chetumal y Bacalar.
Para 2018, la suma anual para el pago de renta de inmuebles fue de 14 millones 466 mil 396 pesos; el pago mensual más alto fue de 148 mil 400 pesos por el arrendamiento de un inmueble en Chetumal para el funcionamiento de diversas oficinas de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Las oficinas que significaron los gastos más onerosos por pago de renta fueron las de la Dirección de la Auditoría Fiscal, las del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como la Dirección General de Auditoría Fiscal -todas en Cancún; el módulo de la Recaudadora de Rentas en Playa del Carmen, pues sólo por el alquiler de los cuatro inmuebles que ocuparon fueron gastados tres millones 900 mil 996 pesos anuales.
El año pasado, el gasto al año quedó en 13 millones 135 mil 344 pesos por el pago del arrendamiento de 33 inmuebles, el más caro estuvo en Chetumal, pues la renta fue de 148 mil pesos al mes.
Edificio abandonado
Un edificio de cuatro pisos conocido como Complejo Administrativo La Ceiba, propiedad del gobierno del estado, ubicado en la parte sur de Cancún en una de las zonas de mayor plusvalía en donde están en construcción condominios habitacionales y fraccionamientos con viviendas para personas de poder adquisitivo alto, está abandonado aun cuando fue construido para conjuntar las oficinas de distintas dependencias para mayor comodidad de los ciudadanos que requieren hacer trámites oficiales.
Hasta inicios de este año, en ese edificio estaban en funciones oficinas de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, del Instituto de Movilidad, de la representación del gobierno estatal en la zona norte, entre otras, las cuales se mudaron a un inmueble por el que el gobierno del estado paga arrendamiento, ubicado en Plaza Hollywood.
El año pasado, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dijo que el edificio sería usado como academia de la Policía, pero a la fecha permanece vacía y sin actividad alguna, con una cadena atravesada en el acceso para impedir el paso al estacionamiento que hoy sirve como área de juego de dos perros que apoyan en la vigilancia del inmueble.
En 2016, cuando fue inaugurado, aun sin estar concluido 100 por ciento, las autoridades estatales en ese entonces, revelaron que la inversión había sido de 100 millones de pesos; de acuerdo con un informe de la extinta Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) emitido en 2015, sólo en ese año fue destinado más dinero a la construcción del inmueble (40 millones de pesos) que a la pavimentación de calles en el municipio de Benito Juárez (25 millones de pesos).
Documentos en la plataforma de Transparencia sobre los contratos de obra pública de la entonces Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) de Quintana Roo, indican que la convocatoria de licitación para la construcción del complejo fue lanzada el 20 de octubre de 2015 y el concurso fue efectuado el 4 de noviembre del mismo año, siendo ganadora la empresa Constructora Chaebol-Kia S.A. de C.V. la cual, por un monto de 97 millones 720 mil 264.07 pesos, debía iniciar la obra el 23 de noviembre de 2015 y concluirla el 28 de agosto de 2016.
Por Eva Murillo