Quintana Roo deberá aclarar el destino final que se le dio a poco más de 26 millones de pesos, de acuerdo con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2019.
Dichos recursos corresponden al Gasto Federalizado Programable o aportaciones de los ramos 33, 25, Fondos y Fideicomisos del Ramo 23, de una muestra auditada de cuatro mil 518 millones de pesos.
Este gasto programable corresponde a los recursos que el gobierno federal transfirió (aportaciones) al estado y municipios para que se ejerzan en el desarrollo económico y social de cada entidad.
La ASF informó ayer que realizó nueve auditorías al ejercicio 2019 de la entidad y se detectó que 26 millones 500 mil pesos no se tenían claro en qué habían sido invertidos.
Quintana Roo acumuló 46 observaciones, de la cuales fueron solventadas 37 y se realizaron en total nueve acciones por parte del gobierno del estado como recomendación de la ASF.
No obstante, por la contingencia de salud derivada del COVID-19, quedó pendiente la confronta con las entidades, precisamente para aclarar o justificar los montos observados.
En un comunicado, David Rogelio Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación, explicó que por la afectación a los entes públicos se difirieron las audiencias, sin embargo, no fijó una fecha para hacerlo.
El retraso fue provocado debido a una limitada capacidad de respuesta de las entidades y dependencias fiscalizadas para atender las solicitudes de información y requerimientos de la Auditoria Superior de la Federación.
Como parte de la auditoria del gasto programable y en cumplimiento de la ley de disciplina financiera, Quintana Roo cumplió con 8.1 por ciento de un monto observado de 273 millones 900 mil pesos.
Los recursos del gasto federalizado programable se concentran principalmente en Ramos, Fondos o Fideicomisos a través de los cuales se distribuyen a los estados.
Uno de los principales es el Ramo 33 “Aportaciones a entidades federativas”, el cual incluye el envío de recursos para educación, salud, seguridad pública, infraestructura educativa y social, entre otros.
El Ramo 25 “Previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos”, es para consolidar el modelo pedagógico de las escuelas de tiempo completo, los aprendizajes y el desarrollo profesional docente.
Fondos, fideicomisos y programas de gasto federalizado del Ramo 23 “Provisiones salariales y económicas” se destina al fortalecimiento del desarrollo regional y municipal mediante programas y proyectos de infraestructura física.
Seguro popular, recursos que son destinados al Sistema de Protección Social en Salud para garantizar la atención y prestación de los servicios de salud ofrecidos por este sistema a la población beneficiaria.
Los convenios de reasignación y de descentralización son recursos que se transfieren a las entidades federativas con el propósito de concertar la descentralización de acciones federales, mediante la colaboración y coordinación de ambas instancias de gobierno.
Por Lino Sarmiento