Aunque existen serias restricciones para quienes impidan el libre acceso a las playas, en Mahahual desde hace meses ha sido cercada la playa frente a un restaurante.
No sólo se ha construido una cerca de madera para delimitar la zona de playa frente al negocio, sino también le fue colocado alambre de púas que representa un riesgo para los pequeños y la fauna silvestre, sobre todo por las noches.
A pesar de que es una gran incomodidad para los habitantes de la comunidad y salta a la vista de los turistas, las autoridades no han actuado en consecuencia.
El espacio cercado se encuentra a un costado de la pequeña glorieta del malecón que está en la bocacalle que lleva a la Capitanía de Puerto.
Este asunto no es menor, ya que en septiembre del presente año el Senado de la República aprobó, por unanimidad, diversas reformas a la Ley General de Bienes Nacionales para que haya libre acceso y tránsito en las playas de México. De hecho, quienes prohíban el paso a las playas mexicanas deberán pagar una multa de hasta un millón 42 mil 560 pesos.
El dictamen aprobado por el Senado establece que se sancionará con multas de 260 mil, 640 mil pesos y hasta un millón 42 mil 560 pesos a los propietarios de terrenos colindantes con playas que impidan, inhiban, restrinjan, obstaculicen o condicionen el acceso.
Para el caso de titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destinos respecto del aprovechamiento de la zona federal marítimo-terrestre, en caso de reincidencia, además de la sanción establecida, se revocará la concesión, autorización o permiso.
De acuerdo con los pobladores de Mahahual, el titular de este terreno enclavado en la zona federal presuntamente es el acaparador de tierras Juan Carlos Ortega Prados y, por lo consiguiente, los habitantes piden a las autoridades federales que intervengan lo antes posible.
CG