Integrantes del Colegio de Abogados y su vicepresidente, José Luis Cruz López, dijeron que ante los hechos acontecidos en la Vicefiscalía el pasado miércoles en la que corporaciones policiacas estatales y municipales aprehendieron a niños y mujeres embarazadas y fueron trasladados en unidades policiacas -lo que está prohibido terminantemente por la ley- a los separos de la Vicefiscalía, donde se les tuvo privados de su libertad por más de seis horas, sin respetarse los protocolos por las cortes internacionales y por la Suprema Corte de Justicia, violándose con ello sus Derechos Humanos, sus garantías constitucionales, cuando la Vicefiscalía y las corporaciones policiacas son las primeras que deben respetar por parte del Estado mexicano esos derechos.
Señaló que eso los lleva a manifestar su enérgica protesta contra esos actos arbitrarios, el Colegio de Abogados de Carmen tomó esa decisión porque esos hechos son graves, pues se trata de niños, no de adultos y la Ley prohíbe que se utilicen en primer lugar policías comunes para la aprehensión o detención de niños y niñas, tenía que ser personal especializado, en un dado caso que los menores hubieran cometido infracciones.
“Niños no son delincuentes”
Indicó que los niños no cometen delitos, sino que cometen infracciones y en este caso no fue así; los menores no cometieron ninguna infracción y tampoco se pueden trasladar en vehículos policiacos comunes, sino tienen que ser vehículos que no tengan logos de la policía por tratarse de niños, y no lo hicieron así.
La protección para los niños es una obligación del Estado Mexicano y no se cumplió en este caso, por eso se pronunciaron en este sentido y señala que no es cierto, que no se hayan violado los Derechos Humanos de los menores.
Consternación
No se puede justificar la detención y violación de los derechos de los niños diciéndose que los detuvieron para protegerlos o cualquier otra causa que pudiera justificarlos, el colegio está profundamente consternado, y conocedores del derecho por eso decidieron hacer la protesta.
Sus peticiones:
Por esos motivos piden lo siguiente: que la Vicefiscalía de inmediato proceda a recibir las denuncias de las víctimas de estos hechos lamentables de las madres y de los padres de los niños agraviados y mujeres embarazadas; y de la ciudadanía que se manifestó en orden sin el uso de la violencia y que fue reprimida por la autoridad; que cesen las detenciones arbitrarias y que cesen las torturas, que se fortalezca la institución de la Fiscalía, a través de un Instituto de Servicios Periciales que investigue y que no sea sólo un mando de escritorio, porque las actuaciones de la Vicefiscalía tal y como ahora ocurrieron, debilitan la institución del Ministerio Público y debilitan el sistema acusatorio y oral, llevándolo al fracaso.
El Nuevo Sistema
de Justicia Oral
Porque en el Nuevo Sistema de Justicia Oral no está permitido siquiera tocar a un niño y eso es muy grave para que los servidores públicos involucrados en estos hechos puedan ser investigados por las denuncias presentadas y en caso de que resultaran responsables y para evitar imparcialidad y que se distorsionen las investigaciones y que tengan eficacia y que se respeten los Derechos Humanos en esos procesos de investigación, es necesario que sea separado de su cargo como vicefiscal el licenciado Mario Humberto Ortiz Rodríguez.
Defensoría pública
Dijo que también le piden al Gobernador Carlos Miguel Aysa González -que también es abogado y conoce del tema-, que dicte medidas para que esto no vuelva a ocurrir; deberían de ordenar que dentro de las instalaciones de la Vicefiscalía se establezca una de la Defensoría Pública, es decir, que haya defensores públicos todo el tiempo las 24 horas, que dentro de la Vicefiscalía haya una representación de los Derechos Humanos y que también exista en la Vicefiscalía un representante asesor de víctimas, y también una representación de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia para proteger a los niños, con el fin que haya contrapeso en las actuaciones de la Vicefiscalía, supervisión y que se respete a las personas encargadas de las ONG defensores de los Derechos Humanos.
Expresó que esta serie de irregularidades son sistemáticas y existen antecedentes en mayo del 2018 cuando se le dirigió un escrito al Fiscal General y al Vicefiscal, y se le pidió que cesaran las detenciones ilegales, arbitrarias, las incomunicaciones, la tortura, el maltrato y que se respetaran los Derechos Humanos y el debido proceso; no hubo respuesta por esta petición y no se dictó ninguna medida para subsanar estos hechos.
Dijo que pareciera que el Gobierno del Estado está de acuerdo en que se violenten los derechos de la ciudadanía en estos casos, y en el Nuevo Sistema de Justicia esto no puede ocurrir.
Los abogados deben ser respetuosos del orden jurídico, conocen el derecho, no violentan y no exigirán con violencia que sean respetados todos los derechos de la ciudadanía.
“Se violentaron protocolos”
Sostuvo que se violentaron todos los protocolos en la detención de los niños porque se les trató como delincuentes; en videos se observa que la policía llegó al predio y detuvo a hombres, mujeres y niños.
El protocolo es que si los niños hubieran sido imputados o en flagrancia por la comisión de algún delito, el fiscal investigador debería dar cuenta de eso al DIF Municipal para que acudan a detener, pero no van patrullas de la policía, porque el niño tiene toda la protección.
“Vicefiscal debe ser removido del cargo”
Al momento de asegurar a los niños y subirlos a una patrulla para trasladarlos, se están violentado sus Derechos Humanos y los funcionarios deben de ser sujetos a una carpeta de investigación; debe procederse penalmente contra ellos porque administran la procuración de justicia y la actuación del Vicefiscal en este caso daña a niños y mujeres embarazadas, su actuación es violatoria de Derechos Humanos y debe ser removido de su cargo.
Dijo que en el caso de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia fue muy opaca y sombría porque en el caso de niñas, niños y menores adolescentes se puede pedir la actuación verbalmente y no por oficio; y menos cuando los casos son urgentes porque están en riesgo los derechos de los niños. Deben actuar inmediatamente, todo lo demás que se diga es justificación y son omisos del delito que estaba pasando, no actuaron en consecuencia y tienen responsabilidad.
Al final de la entrevista, el abogado dijo que estarán pendientes de este caso y buscarán hablar con alguna autoridad para dar a conocer sus inconformidades porque no sea violentado el Estado de Derecho.
(Texto: Jorge Villanueva / Fotos: Jorge Villanueva / POR ESTO!)