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Quintana Roo

Vital proteger el empleo

 

Por Víctor Rodríguez

PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, 23 de marzo.- Dentro de los estímulos y apoyos fiscales para el sector empresarial comprometido por el gobierno del estado, la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo (STyPS), Catalina Portillo Navarro, anunció ante el sector que las declaraciones fiscales de marzo, abril y mayo se diferirán para octubre y noviembre de este mismo año.

La funcionaria estatal participó en la reunión con empresarios del municipio de Solidaridad celebrado la mañana de este lunes, a la que también concurrieron la secretaria de Turismo, Marisol Vanegas, y la titular de Desarrollo Económico Rosa Elena Lozano, a fin de detallarles los estímulos fiscales anunciado por el ejecutivo Carlos Joaquín González, así como expresarles el panorama económico y turístico que se vive por el coronavirus en Quintana Roo al momento.

Portillo Navarro resaltó que la premisa del gobernador está marcada en el Plan de Protección al Empleo, que después de la salud es muy importante tener un ingreso económico mediante un trabajo, de ahí el acercamiento con las empresas e integrantes de la iniciativa privada a efecto de que tengan en la permanencia a sus empleados.

Reconoció que hay empresas que no quieren sumarse a este pacto con la clase trabajadora, de modo que se plantea inspecciones laborales y a su vez al trabajador que se le violente sus derechos reciben de manera personalizada o en línea apoyo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, de manera gratuita.

La secretaria de Trabajo precisó que las empresas que sean solidarias con sus empleados, la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado establece estímulos fiscales.

Sin embargo, los empresarios expresaron a las mujeres del gabinete estatal que se debe generar procesos y mecanismos con verdaderos estímulos fiscales a empresas como eliminar el ciento por ciento del impuesto sobre nómina, ampliaciones de plazos a subsidios, diferimientos de pago a impuestos estatales, reducción de montos a pagar y suspensión de actos de fiscalización para lograr mantener la plantilla laboral.

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