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Quintana Roo

Inspeccionarán centros de trabajo

Por Salvador Canto

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, instruyó la vigilancia de los centros de trabajo por parte de Inspectores Federales del Trabajo a través de órdenes de inspección extraordinarias en todo el país, principalmente en donde no se están tomando las medidas adoptadas por el Consejo de Salubridad General.

En ese sentido, el maestro en derecho, Luis Héctor Sarti Pérez, abogado especialista en Derecho Laboral, señaló que las empresas a visitar, serán aquellas donde se tenga conocimiento que siguen laborando y que se está poniendo en riesgo la salud de los trabajadores.

El también Presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo Colegio Profesional A.C. indicó que “en el desahogo de la inspección se les requerirá información general del centro de trabajo, así como la descripción del proceso productivo o actividad económica”.

Recordó que el pasado 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se declara como Emergencia Sanitaria por Causas de Fuerza Mayor a la epidemia generada por el Covid-19.”

En se sentido, expuso que en alcance el 31 de marzo se publicó por el mismo medio el “Acuerdo por el que se ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020 de las actividades no esenciales”, con la intención de evitar la propagación del virus en la comunidad.

“Se ordenó, que solamente podrán continuar en funcionamiento aquellas actividades consideradas como esenciales existiendo lineamientos específicos para su operación”, dijo el abogado.

Es por ello que para vigilar el cumplimiento de lo ordenado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, instruyó la vigilancia de los Centros de Trabajo por parte de Inspectores Federales del Trabajo a través de órdenes de inspección extraordinarias.

Con lo anterior -dijo-, la autoridad podrá determinar si se trata de una actividad esencial o no en cuyo caso verificará que se respeten las medidas señaladas o en su caso ordenará la suspensión inmediata de actividades.

Al ser cuestionado respecto a los números presentados por la Secretaria del Trabajo Federal, Luisa María Alcalde Luján, en el que se habla de cerca de 346 mil 878 bajas de trabajadores afiliados al IMSS en el periodo comprendido del 13 de marzo al 06 de abril, de los cuales 68 mil 847 corresponden a Quintana Roo,Sarti Pérez señaló que “con lo anterior se acredita la estrategia fallida por falta de certeza jurídica por parte del Gobierno Federal al omitir declarar tiempo la Contingencia Sanitaria a que se refieren los artículos 42 Bis, 427 fracción VII y 429 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo y en su lugar declarar la Emergencia Sanitaria por Fuerza Mayor en la que los patrones quedaban obligados a suspender labores y pagar salario íntegro a los trabajadores”.

Sostuvo que esto, llamala atención que la mayor parte de empleos perdidos son por empresas de la división económica de servicios para empresas, personas y hogar, es decir,Outsourcings o pagadoras como se les conoce en Quintana Roo, con lo que de nueva cuenta queda expuesto la mala fe del actuar de muchas de ellas, ya que algunas inclusive dieron de baja al 100% del personal.

“Con esto queda claro que su estrategia será que los demanden, apostando a que dichas demandas se acumulen al cerca de 1 millón de expedientes que se encuentran en trámite en las Juntas Locales y Federal de Conciliación y Arbitraje a Nivel Nacional; y que al momento de la ejecución del laudo las mismas ya no existan, dejando con el problema a la empresa contratante e inclusive con responsabilidad penal”.

Recordó que está en trámite la implementación de la Reforma Laboral y que no se ha contemplado presupuesto para fortalecer a las Juntas de Conciliación y Arbitraje previó a su desaparición.

Finalmente indicó que el 62% de los trabajadores que fueron separados a nivel nacional ya no tienen acceso a servicios de salud del IMSS al no cumplir con el requisito de ocho demandas previas de cotización y el 28% restante perderán el acceso a servicios de salud en un lapso de 7 semanas es decir para finales de mayo, cuando se espera nos encontremos en el mero momento de la contingencia”.

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