Por Salvador Canto
A 72 horas de que el Ayuntamiento de Benito Juárez suspendiera la licencia de funcionamiento del proyecto hotelero Gran Solaris a un costado de Playa Delfines en Cancún, existe un mutismo total de los directivos de este consorcio bajo el pretexto de la pandemia del COVID-19, pues a decir del contador Julio Vázquez que es quien lleva la parte operativa de la obra, los únicos autorizados para dar información están en Tehuacán, Puebla, donde tienen sus oficinas corporativas.
Se pudo conocer que es una de las principales accionistas de este polémico proyecto hotelero en Cancún, es la empresaria Socorro Romero Sánchez, dueña del Grupo SRS dedicada empresa especializada en la Producción y Distribución de cerdo en pie y huevo, así como de Patsa focalizada a la venta de pollos y desde luego, a la actividad turística en México.
Por Esto! de Quintana Roo contactó al contador Julio Vázquez, quien fue identificado como el encargado de la parte operativa de la obra, al ser quien ha hecho trato con los contratistas que han realizado trabajos en la construcción como fue la polémica barda perimetral, pero a pregunta concreta de si se trataba del representante legal de nombre Julio Mateo Vázquez Tamayo, solo afirmó ser Julio Vázquez.
“El representante legal es el único autorizado para dar información o en su caso, los propios accionistas pero no están aquí en Cancún, ellos están en Tehuacán, Puebla y ahora con lo de la pandemia no han venido”, expresó vía telefónica.
Al pedirle algún número para contactar a los directivos, dijo desconocerlo porque a él lo localizan cuando ellos están acá en Cancún, para darle instrucciones en torno a los trabajos.
De hecho, reconoció que la última indicación que recibió fue que se hiciera la barda perimetral del proyecto, pero negó hablar más al respecto, al preguntarle si tenían los permisos y si realmente se hizo durante la cuarentena por el COVID-19.
En la página de internet del Grupo Solaris, se pudo obtener el número telefónico 2383803300, que al comunicarse la persona que contestó estableció que se trata de la empresa Patsa y Villas Solaris, pero al preguntar por algún directivo de los hoteles, dijo que todos están fuera en virtud de la pandemia de COVID-19.
En el 2017, Paola Ramírez abogada del Centro Mexicano del Derecho Ambiental (Cemda), señaló que “la edificación de hotel estaría acabando con especies en peligro de extinción que viven en el Caribe mexicano”, pues explicó que ninguna empresa, nacional o extranjera, está comprometida con el medioambiente.