En los últimos tres años se han registrado más de tres mil homicidios producto de la violencia del crimen organizado y 108 feminicidios en Quintana Roo, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; las víctimas oscilan entre los 18 años y 40 años, por lo que pudieron haber sido padres o madres de familia, sin embargo no hay un registro de los huérfanos de la violencia, lo que significa que estos menores son invisibles para el estado y sus políticas públicas.
Conforme a las cifras negras y las estimaciones que realizan las organizaciones sociales en la jurisdicción, podrían existir mil 500 menores en orfandad producto de la violencia que se ha extendido en el Caribe Mexicano, pero los datos oficiales del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) refieren que actualmente brindan ayuda sólo a 130 menores en orfandad por casos de feminicidio.
Censo pendiente
En relación a los menores que perdieron a sus padres por temas relacionados al crimen organizado no hay un padrón y según el fiscal General de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca González, cuando se suscita una muerte violenta y se detectan infantes o adolescentes, se vinculan con el Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavi), que pone en resguardo a los menores y establecen acciones transversales para su protección.
No obstante, en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado y los municipios, así como en el Sipinna, el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) o en la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer, carecen de datos reales sobre los menores en orfandad relacionados a la violencia; de hecho, según el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se trabaja en este censo y posiblemente esté concluido este mismo año.
Violencia en lo público y privado
Rosa María Márquez, presidenta de la Red por la Equidad y los Derechos Humanos en Quintana Roo, refirió que la violencia contra las niñas, niños y adolescentes se ha generalizado desde lo público a lo privado, toda vez que no hay un entorno apto para su desarrollo. Y en el caso de los menores huérfanos por feminicidio o por cuestiones ligadas al narcotráfico, la situación es más crítica, porque no hay un padrón, y al no ser visibilizados, quedan fuera de las políticas gubernamentales.
Dijo que las instituciones no los contemplan, entonces no sólo son víctimas de esa violencia, sino también del propio Estado, toda vez que no los incluye en acciones transversales que permitan un desarrollo integral, quedan al margen de un entorno violento, quizás a cargo de los abuelos o de familiares directos que también están en ambientes hostiles, entonces se convierte en un factor multiplicador que afecta su desarrollo.
Deficiencia en políticas públicas
De acuerdo con la Ley General de Víctimas creada en 2013 y reformada en 2017, los huérfanos de la violencia deben vincularse con políticas transversales buscando redes directas de apoyo; es decir, sus familiares directos. Y si estos no son aptos para su cuidado, se institucionalizan, o sea, el Estado se hace cargo de su desarrollo hasta que puedan ser adoptados.
Según la Sipinna, a nivel nacional hay 32 mil niños para ser acogidos en adopción; 80 por ciento se encuentra en albergues privados y 20 por ciento en públicos.
Con la entrada de la actual administración, se inició con el padrón sobre los menores que están en condiciones de ser adoptados, pero hay entidades del país, como Quintana Roo, que no cuentan con este registro; menos de quiénes se quedaron sin el papá o la mamá a causa de la violencia.
Activistas y cuatro organizaciones sociales en Quintana Roo, calculan que por cada feminicidio u homicidio doloso hay por los menos dos niños en hogares, por lo que posiblemente en la entidad haya mil 500 menores que perdieron a uno o ambos padres en los últimos tres años.
Situaciones traumáticas
Vanesa González Rizzo-Krasniansky, representante estatal en Quintana Roo de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC. y de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), argumentó que en la cadena de reparación de víctimas de la violencia, las niñas, niños y adolescentes son quizás el sector más vulnerable porque no sólo tiene que vivir su duelo en una situación traumática, sino que además deberá afrontar un entorno que se le impone desde las instituciones, el cual no necesariamente es lo más adecuado para ellos.
Refirió que si bien los gobiernos a través de sus distintas dependencias hacen esfuerzos para atender a los infantes que por cuestiones de violencia quedan en orfandad, se requiere acciones vinculantes y transversales que le permitan establecer esas redes de apoyo para primero vivir su duelo, luego darle el soporte emocional y las herramientas para su adecuado desarrollo; lamentablemente el sistema actual tiene fallas que deben subsanarse a fin de ser visibles a estos grupos vulnerables.
Comentó que el hecho de que no se tengan datos reales sobre los infantes que están en esa situación, refleja que algo se está haciendo mal, que las instituciones tienen que dejar sus escritorios e involucrarse a fondo en el tema de la violencia en todos los ámbitos, no sólo para paliarla, sino también para prevenirla.
Señaló que los infantes que han vivido violencia o perdieron la primera figura de guía requieren un trabajo vinculante y transversal, en donde todas las instituciones estén en la misma sinergia para llevarlo paso a paso a superar esta experiencia traumática; sin embargo, actualmente la dependencia enfrenta problemas de presupuesto que limitan un adecuado desempeño.
Recortes frenan programas
Con base a datos del gobierno federal desde que inició la actual administración, se ha recortado 60 por ciento del presupuesto a 83 programas con enfoque de género.
Por ejemplo, en programas enfocados sólo para mujeres como salud materna, sexual y reproductiva, se recortó 21%, al pasar de mil 315 millones de pesos de este año, a mil 818 millones de pesos para 2020.
Asimismo, al programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, se destinaron sólo 267 millones de pesos de los 417 millones de pesos que se necesitan en ese rubro.
En cuanto a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) se destinaron sólo 150 millones de pesos para afrontar la violencia de las alertas de género que incluye al estado de Quintana Roo, 20 por ciento menos que el año pasado.
Presupuesto reducido
Norma Salazar Rivera, secretaria Ejecutiva del Sipinna, indicó que esa dependencia opera con un presupuesto de un millón 500 mil pesos, que aun cuando es reducido, lo han focalizado para establecer políticas transversales que ayuden a los infantes en riesgo, entre ellos los menores huérfanos de la violencia; actualmente atienden a 180.
Mencionó que el soporte a los menores en esta condición va acompañado de ayuda psicológica, alimentaria, educativa y recreativa, en donde un total de seis dependencias están involucradas. Se trata de crear condiciones óptimas de desarrollo, sin embargo admitió que todavía hay área de oportunidades que se deben modificar.
En cuanto al padrón de menores, comentó que ellos atienden los casos que se vinculan a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceaveqroo), que es la que realmente se encarga de esta tarea, pero trabajan de manera coordinada para establecer políticas que generen una red de apoyo a los infantes que han perdido a la madre o al padre.
Sin embargo, basado en los recursos destinados a la investigación de delitos relativos a la delincuencia organizada como parte de las acciones para el cumplimiento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, así como de apoyo a atención a víctimas, únicamente se le otorgó 46 millones de pesos.
Aumentan feminicidios
En ese sentido, en 2018 organizaciones sociales como el Consejo Estatal de Mujeres, que preside Eva Aguilar de López, refirió que la Ceaveqroo carecía de recursos para la reparación de daños de las víctimas de la violencia.
Asimismo, señaló que a pesar de que la alerta de género en el estado de los ataques contra mujeres se extendió durante todo 2018, al crecer en 83 por ciento, sólo en ese año se registró la muerte violenta de 33 mujeres, de las cuales sólo siete se tipificaron como feminicidios.
Conforme a los datos de las fiscalías estatales en los últimos tres años, se ha registrado la muerte violenta de 180 mujeres, en los municipios de Benito Juárez, Playa del Carmen y Tulum; el más reciente, el de Bartola Álvarez Montejo, quien dejó dos niños en orfandad.
Problema multifactorial
En ese sentido, José Antonio Tomás Aguirre Ríos, integrante de la Coordinación Vía-Humanitas y Asociación Pro Salud Mental, refirió que lamentablemente la violencia sigue en ascenso ante las faltas de políticas públicas que permitan ir reconstruyendo el tejido social, pues atender la violencia implica generar las condiciones de desarrollo; el problema es multifactorial, no sólo se trata de combatir los índices delictivos, sino generar los espacios para que la población tenga condiciones de mejorar su calidad de vida y si eso no se logra, la espiral de violencia seguirá al alza, advirtió.
Referente a los menores que son sobrevivientes de violencia, señaló que el hecho de que no se tenga un padrón que los visibilice implica que no está contemplado en esas políticas públicas; entonces es una doble revictimización, pues son ignorados, cuando su obligación es procurarles bienestar.
Pero no sólo eso; el Estado ha recortado los recursos a los programas sociales, esto también tiene un impacto negativo, pues al no contar con recursos, las acciones de apoyo a grupos vulnerables se reducen, pues a menor inversión que haga el Estado en educación, salud y acciones que impulse su desarrollo, la violencia seguirá en aumento.
Por ello, es necesario fortalecer las instituciones encargadas de hacer valer los derechos de la infancia, garantizando su bienestar físico y emocional desde una perspectiva integral.
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32 mil
niños para ser acogidos en adopción a nivel nacional
80% de niños
a la espera de adopción están en albergues privados y 20 % en públicos
2 niños
en hogares hay por cada feminicidio u homicidio doloso
180 mujeres
en Benito Juárez, Playa del Carmen y Tulum han muerto de manera violenta 2018 a la fecha
Con información de Jazmín RamosPor Redacción Digital Por Esto!