De los tres barcos Caribe que se encuentran estacionados a un costado del muelle de concreto, bajo la responsabilidad de un particular, pero que la Apiqroo reclama su recuperación, aún se desconoce su situación legal, sin embargo, se habla de un presunto remate de los navíos por un banco, según versiones extraoficiales.
Sobre este asunto, la directora general de Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Alicia Ricalde, dijo desconocer la situación de esos barcos, pero que sí ha escuchado versiones de supuestos remates, esto porque la base de ese muelle fue cedido a precio “ganga” en la recta final del gobierno de Roberto Borge Angulo, hoy preso en Morelos. Este tema está en manos de un juez para su recuperación, aclaró la funcionaria.
“Desconocemos cuánto paga por uso de muelle”, indicó Ricalde Magaña al subrayar que el particular al que inicialmente se le adjudicó parece que ya volvió a vender, el nuevo dueño tiene cercanía con el consorcio Ultramar, empresa que tiene ahí sus botes de carga también por el extremo delantero, según de pudo observar este jueves.
Se buscó a un representante de la custodia de los barcos Caribe, quien dijo que ignora la situación legal de los botes, especialmente del Caribe I, matrícula 2304151221-1 emitida en Cozumel, que sufriera explosión en febrero de 2018.
“Da tu vuelta la semana próxima aquí estaría una persona para atenderte”, fue el mensaje que recibió el reportero.
A simple vista no se ven sellos al bote en referencia, el cual se encuentra en medio de los barcos Caribe III, matrícula 23041571214, y Caribe II, matrícula 2304151121-6. Había varias personas cuidando desde cuando apareció el primero hace un año, poco tiempo después lo hizo el que tuvo el accidente, luego de recibir reparación en Puerto Morelos.
El proyecto naviero
Nació el proyecto naviero desde el poder estatal, con mucha promoción antes de concluir el sexenio de Roberto Borge se fortaleció en la ruta Playa del Carmen-Cozumel, con planes de hacerse cargo también Puerto Juárez-Isla Mujeres, que movilizan desde 2016 casi 10 millones de pasajeros.
Había iniciado el servicio con dos botes tipo catamarán, los cuales habrían costado 4 millones 900 mil dólares. Procedió de un astillero de Australia el tercero para garantizar el servicio con inversión estimada en 7 millones de dólares.
Se relaciona al exgobernador Félix González Canto, entonces senador, como artífice del plan, apareció como socio su tío Franco González, además del abogado de la familia Borge, César Celso González Hermosillo, y la que fuera asistente personal de éste, Lourdes Pinelo Nieto.
Emitió un juez del Estado de México órdenes de aprehensión contra los dos últimos, pero únicamente la mujer fue sujeta a proceso, por otra causa, por la presunta compra a precios de ganga de terrenos propiedad de la entidad federativa.
La entonces Procuraduría General de la República promovió un embargo comercial a la firma, aunque siguió operando dos años más. A su vez, el Servicio de Administración Tributaria frenó el traslado de los barcos adquiridos, así como otros dos en vía de adquisición para la otra ruta, en opción de verificar el origen de los recursos.
Hay hermetismo sobre el tema.
Según la SCT, la empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo tenía autorización por parte de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, desde el 3 de diciembre del 2014, de operar no sólo en la ruta Playa del Carmen-Cozumel sino en otros puntos del Caribe Mexicano.
Tuvo la oportunidad de romper una botella de champagne en el casco del Caribe II el titular de la dependencia, Guillermo Ruiz De Teresa, en inicio de operaciones. Tuvo privilegio desde del gobierno federal, una tarifa preferente por concepto de renta de espacio de muelles, un permiso para instalar su centro de venta de boletos e información turística por 15 años. La contraprestación se fijó en 10 mil pesos mensuales por los 23.08 metros cuadrados que ocupaba el predio.
La explosión
Tampoco se sabe del avance de la investigación sobre el asunto de la explosión de Caribe I el pasado 20 de febrero de 2018, en el muelle de Playa del Carmen, la situación sigue en manos del juez, dijo un funcionario de la Apiqroo.
En ese accidente, aparentemente provocado, resultaron lesionadas 26 personas. Hubo inspección por la SCT, lo que derivó a los cinco días la cancelación definitiva del servicio en aquella ruta, por varias irregularidades: no tenían certificados nacionales de seguridad, francobordo, de seguridad radioeléctrica y de póliza de seguro del viajero. Estuvieron fondeados esos botes cercanos al muelle de Cozumel, hasta que fueron trasladados a Isla Mujeres para conocer la suerte de estos. Quedaron sin empleo 180 trabajadores.
Por Ovidio López