Del total de investigaciones iniciadas en Quintana Roo, sólo dos por ciento avanza a una vinculación a proceso, lo que indica que el 98 por ciento restante fueron denuncias de delitos que pasaron a incorporarse a las filas de la impunidad.
Así lo refleja investigación “Hallazgos 2020: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México”, elaborado por la ONG “México Evalúa”, que coloca a la entidad con el segundo peor nivel de eficacia en la procuración de justicia.
En este estudio, Quintana Roo se encuentra a la par de Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Tabasco y Veracruz y sólo por encima de Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Tamaulipas, en las que sólo el 1 por ciento de las investigaciones son vinculadas.
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En ese sentido, la entidad gobernada por Carlos Joaquín González es superada por los otros dos estados de la región: Yucatán y Campeche, que tienen un porcentaje de 5 y 19 por ciento respectivamente. Incluso está por debajo del promedio nacional, que es de 2.7 por ciento.
No obstante, según México Evalúa, las vinculaciones de proceso tampoco garantizan que las fiscalías estatales sean efectivas, “entendiendo la eficacia como la resolución del caso, puesto que gran parte de las investigaciones se llevan a vinculación a proceso para mantenerse en trámite”.
Apenas el mes pasado, en el Informe de Acciones y Avances de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), su titular, Óscar Montes de Oca Rosales, apuntó que de enero de 2016 a 2021 hay un rezago de 80 por ciento en las carpetas de investigación.
Montes de Oca refirió que en ese lapso suman 193 mil 673 expedientes, de los cuales 32 mil 276 fueron resueltos.
Además detalló que en 2018, sólo 90 carpetas de investigación fueron presentadas ante un juez de control, en 2019, 162, y en 2020, la cifra ascendió a 200; sin embargo, de los 2 mil 785 homicidios dolosos cometidos en la entidad, sólo se logró la detención de 452 presuntos responsables.
En contraste, Quintana Roo es la segunda entidad con mayor promedio de fiscales o agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, con 18.3, lo cual la coloca debajo de Chihuahua, que tiene 32.4; sin embargo, el promedio de agencias para seguir el trámite es de 1.5 por cada 10 mil habitantes, cuando la media nacional es de 3.9.
La insuficiencia de oficinas del Ministerio Público “es un indicador representativo de la necesidad de establecer modelos y mecanismos que privilegien la atención a víctimas del delito en todos los rincones del país y para todos los tipos de población, mismos que aseguren un acceso igualitario y que busque atajar brechas existentes”, refiere el estudio.
Por otra parte, el estudio de México Evalúa refiere que el 10.8 por ciento de las personas privadas de la libertad en Quintana Roo son liberadas, luego de demostrar que fueron detenidas ilegalmente.
Sin embargo, “estas cifras deben analizarse con cautela, puesto que la calidad de la intervención de la defensa pública en el control de la legalidad de la detención no necesariamente es determinante en la decisión judicial”.
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CG