Después del anuncio del Gobierno Federal para la regularización de camionetas de procedencia extranjera, mejor conocidas como “chocolates”, falsos promotores aduanales o defraudadores contactaron a campesinos para solicitarles un anticipo de dinero para la supuesta gestión, cuando los pagos correspondientes se tendrán que realizar de manera directa ante las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Se estima que en todo Quintana Roo existen siete mil vehículos provenientes del extranjero de forma irregular; de éstos, aproximadamente 3 mil 500 circulan en localidades de los municipios del sur: Felipe Carillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco, en este último, principalmente en la Ribera del Río Hondo, así como en los campamentos menonitas, de los cuales la UCD ha documentado y entregado la placa simbólica número 00425, informó el dirigente de la Unión Campesina Democrática (UCD,) Federico Hernández Amador.
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Otros tres mil 500 carros son de lujo y circulan por las calles de los polos turísticos de la Zona Norte de Quintana Roo, de los cuales no se sabe si están contemplados en el censo de regularización que se presentará cuando el programa federal llegue al estado.
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El dirigente de la UCD informó que ayer entregó la placa de identificación número 00425, la cual no es oficial, pero servirá para denotar que es un vehículo de uso en el campo. Aunque consideró que en los próximos días el número de láminas debe incrementar, ya que los campesinos percibieron que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está cumpliendo con la regularización de autos de procedencia extranjera, con el decreto que expidió para los estados del norte del país y esperan que éste se extienda hasta el sur del país.
Este prerregistro inició con un costo único de 2 mil 500 pesos, sin intermediarios, y se pagará en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, abundó el dirigente.
Afirmó que el procedimiento para realizar el trámite deberá hacerlo personalmente el propietario del vehículo ante la autoridad correspondiente, en este caso ante la SHCP, sin intermediación de agentes aduanales, quienes encarecen el costo final.
La UCD propugnará ante el Gobierno de la República para que la cobertura del decreto se amplíe a todas las entidades del país, desde luego a través del pago justo de impuestos, acotó.
También pidió a los gobiernos federal y estatal frenar el contrabando de vehículos a cargo de “coyotes” y pseudorganizaciones, ya que la UCD siempre se ha pronunciado por la defensa del patrimonio de los de migrantes y de los trabajadores del campo y de la ciudad, quienes con mucho esfuerzo han adquirido un vehículo usado en los Estados Unidos para sus labores y transportar a sus familias.
Hernández Amador destacó que la lucha de la UCD para la legalización de carros extranjeros tiene más de una década y no se están colgando del programa que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que no están cobrando ningún peso, como los “coyotes”.
En cuanto a las llamadas de los falsos promotores que fueron dirigidas a campesinos de los ejidos de Cacao, La Unión, Calderón, Álvaro Obregón, Pucté, Javier Rojo Gómez, Calderón y Rovirosa, donde se concentra el mayor número de autos de procedencia extranjera, desde el lunes empezaron a ser invitados por los promotores que se ofrecen a ayudarlos a regularizar las unidades, “no es invento ni cuento, pero son como cien, de las cuales se tienen tres testimonios”.
El ejidatario José Delgado, de Álvaro Obregón Nuevo, quien tiene un camión de carga que lo ocupa para acarrear caña en la temporada de zafra, denunció que recibió una llamada de una persona que se identificó como promotor aduanal, el cual le ofreció sus servicios para regularizar los documentos de su unidad.
Señaló que le solicitó 500 pesos para iniciar los trámites y que, si se interesaba, le llamara de nuevo para darle el número de cuenta en que le depositará el dinero por ese concepto, y que al día siguiente pasaba por los papeles.
José Delgado expresó que no fue sorprendido porque se acordó que no cuenta con los documentos del camión, ya que se le perdieron, además tiene 10 años que lo posee y no ha tenido problemas con la policía.
“Es evidente que tengo un camión de procedencia extranjera porque todavía conserva la placa original, aunque tiene un número económico con el que se identifica durante el acarreo de caña al ingenio San Rafael de Pucté”, acotó.
En La Unión, Othón P. Blanco, Macario Amador dijo que recibió la llamada de un promotor que se ofreció iniciar los trámites de regularización de una camioneta de procedencia extranjera; sin embargo, rechazó la propuesta porque él está tramitando la legalización de su unidad con la UCD.
Destacó que en los ejidos la mayoría de los campesinos tiene una camioneta o auto de procedencia extranjera, que sólo utilizan para acudir a sus ranchos, no van a la ciudad porque se los decomisa la policía.
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CG