Siete hombres y dos mujeres se encuentran actualmente recluidos en cárceles de Quintana Roo, algunos en procesos y otros con prisión definitiva por el delito de aborto, informó Yunitzilin Rodríguez de la Red Feminista Quintanarroense (RFQ), casos que aumentan la presión para la despenalización de la interrupción del embarazo en la entidad.
De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el primer semestre de este año se registraron cuatro delitos por aborto, mientras que en el 2020 fueron 12 en total y en el 2019 se registraron 13.
La decisión de interrumpir el embarazo es una decisión personal, afirma Francis C. R., ya que obligar a una mujer a tener un hijo no deseado no es la mejor opción; cuando su hermana se embarazó, todos en la familia se emocionaron, pero ella no quería tenerlo; sin embargo, ante la insistencia de todos lo tuvo, pese a que nada le ha faltado y lo aman como si fuera su hijo, no se explican por qué su madre no lo ama.
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De acuerdo con la RFQ, la criminalización del aborto es la idea de que la maternidad es la función obligatoria de la mujer, lo que representa una violación a los derechos humanos, afectando de manera concreta a las mujeres, principalmente a las procedentes de contextos de violencia, falta de acceso a la información o métodos anticonceptivos, condenadas a perder años de su vida en prisión y sentenciadas sin que existan pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad.
Por todo ello, Yunitzilin Rodríguez afirmó que es imperante la armonización del Código Penal Estatal con el federal, lo que significa la despenalización del aborto en Quintana Roo, “lo que no quiere decir que todas las mujeres van a abortar, existe el divorcio y no por ello todos se divorcian, es una decisión personal”.
“Ahora entiendo que no se puede obligar a una mujer a amar a un hijo cuando no lo desea, mi sobrino lo tiene todo, menos el amor de su madre, que lo dejó desde pequeño en casa de mis papás para irse a trabajar a otra ciudad, era nuestro primer sobrino, era nuestro bebé, pero pasó el tiempo y aunque le dice mamá y papá a sus abuelos, nosotros no podemos darle el amor que desea”, explicó Francis, quien afirma que ahora su hermana tiene una familia con dos hijos y con lágrimas en los ojos dice que no sabía qué contestar cuando su sobrino le preguntaba por qué su mamá sí los quiere a ellos y a él no.
“No sabía que contestar, tuvimos que ir a terapia de familia todos para poder apoyarlo porque lo amamos, pero ahora respeto la decisión de quien desea no ser madre”.
Las sanciones por el delito de aborto se clasifican en penas privativas de la libertad, multas, trabajo en favor de la comunidad, no sólo a las mujeres que practican la interrupción de su gestación, sino al personal de salud que las auxilien en el proceso.
En caso de la despenalización del aborto en la entidad, se deberán revisar los casos de quienes se encuentran privados de la libertad por este delito, de acuerdo con la activista y también abogada. Con base en el Artículo 30 del Código Penal Federal, se debe realizar la restitución de la cosa obtenida por el delito, indemnización del daño material y moral causado, así como los perjuicios ocasionados, y se restablezca la dignidad y reputación de la víctima.
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CG