La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reincorporó en calidad de Terreno Nacional, una superficie mil 200 hectáreas, donde se localiza la colonia Luis Donaldo Colosio de Playa del Carmen, con ello desaparece la Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya), que por años se encargó de cobrar los lotes para titularlos. Son más de 5 mil lotes en el asentamiento
Sin embargo, tras dar a conocer este hecho, el Regidor Marciano Toledo Sánchez, sostuvo que no basta con desaparecerla, sino que se le debe investigar y a los involucrados, porque hay millones de pesos perdidos de la gente que pago sus letras y títulos de propiedad.
En el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, estas mil 200 hectáreas habían sido cedidas gratuitamente por el Gobierno Federal, al Gobierno del entonces Territorio de Quintana Roo (en 1973), para la formación del fundo legal del poblado de Playa del Carmen.
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Recordó que el terrateniente Francisco Rangel Castelazo, se hizo pasar como dueño de los terrenos conocidos antes como Chenzubul y Chunzubul. Cuando hace casi 28 años la gente se metió a ocupar los predios, se creó el organismo en el Gobierno de Joaquín Hendricks Díaz, mediante el cual mucha gente fue engañada e incluso despojada por la alta plusvalía que comenzaron a tener los predios.
“Sólo estaba timando a la gente desde que inició con Hendricks; esos terrenos eran fundo legal y lo confirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, señaló el Concejal.
“Ahora la Sedatu se hará cargo de los trámites para escriturar a la gente, 28 años después, donde muchos fueron despojados, timados y fueron robados por esta empresa espuria”, añadió.
El acuerdo de la Sedatu, en su tercer punto establece que conforme a las atribuciones legales de la dependencia y del acuerdo, no quedan comprendidas en la superficie de mil 200 hectáreas reincorporadas al dominio pleno de la Nación en calidad de Terreno Nacional, las superficies que hubieren sido enajenadas conforme a las disposiciones jurídicas aplicables durante la vigencia del decreto publicado el 2 de abril de 1973, así como su prórroga y aquellas de las que se acredite haber gestionado su regularización, dejando a salvo los derechos de los propietarios de los terrenos enajenados por el Gobierno del Estado de Quintana Roo.
De igual forma, respetará los derechos adquiridos con posterioridad y que fueron regularizados mediante el Gobierno Estatal y la Desarrolladora de la Riviera Maya S.A de C.V..
Toledo Sánchez insistió en que debe hacer una investigación a fondo de la desarrolladora y fincar responsabilidades a los involucrados, sobre todo porque se desconoce el fin del dinero que ingresó por este organismo.
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CG