El limitado uso de las herramientas penales en el combate a la corrupción y la falta de capacitación de los peritos y personal a cargo de las investigaciones son factores que acarrean la baja efectividad en la judicialización y enjuiciamiento de las denuncias de los quintanarroenses ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE).
Esta situación es más visible en la Fiscalía Anticorrupción, una de las más señaladas en un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
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El estudio “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción”, elaborado por las organizaciones Tojil y el IMCO, evidenció la falta de estrategias de la FGE Quintana Roo, al considerar que le falta más inversión en capital humano, pues durante 2019 y 2020 esta instancia no le dio capacitación a peritos, policías y personal del Ministerio Público, por lo que fue etiquetada con la categoría “Deficiente”.
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Según este análisis, el estado sólo asignó, para 2020, un presupuesto de 11 millones 755 mil 446 pesos para este organismo, 71 por ciento menos que en 2017, cuando asignó 40 millones 558 mil 510 pesos, por lo que debido a esta falta de recursos, la operatividad se vio limitada.
Opacidad
La falta de transparencia en Quintana Roo es otro eje con el cual no se cumplió, pues no presentó la documentación que avale que sus peritos, policías y ministeriales cuentan con un grado escolar o licenciatura, ello pese a que el IMCO solicitó la información con varios meses de anticipación.
Aunque en la Entidad se presentaron mil 515 investigaciones ante la Fiscalía Anticorrupción, sólo 227 fueron determinadas, 63 fueron judicializadas, 49, vinculadas a proceso y 16 tuvieron una resolución. Hasta noviembre, sólo una de ellas está en proceso.
EL IMCO consideró que la Fiscalía Anticorrupción del Estado carece de normatividad para realizar sus funciones con mayor eficiencia, como manuales de procedimiento, protocolos de investigación, protocolos para desarrollar operaciones encubiertas y entregas vigiladas.
Respecto a la falta de presupuesto, el organismo no ha recibido los recursos necesarios para operar, tampoco cuenta con el equipamiento e instalaciones mínimas necesarias para realizar su labor.
De este modo, el IMCO recomendó al Gobierno que encabeza Carlos Joaquín González, que impulse desde la sociedad civil la construcción de una Ley General de Combate a la Corrupción, que homologue tipos penales a nivel nacional, así como una eficaz y clara distribución de competencias. Asimismo, lo llamó a promover un plan presupuestario que permita a la Fiscalía Anticorrupción caminar hacia la autonomía.
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CG