Javier Tun Jiménez, representante legal de la persona que sufrió despojo de un predio en Tulum, en 2020, consideró que el sistema de justicia se confabula para afectar los intereses de particulares que han invertido en propiedades y terrenos en esta entidad, ante una serie de circunstancias, como el retraso y la suspensión de audiencias, intimidaciones e incluso, amenazas.
Recordó que en febrero de este año, denunció a Israel Canto Viana, titular de la Notaría 102, de Playa del Carmen, por otorgar una fe de hecho para la compra-venta de un predio costero, mediante títulos apócrifos, a favor de la empresa Mexicana de Información Administrativa (MIA).
Estos hechos se encuentran asentados en la carpeta de investigación 384/2000, por intento de despojo, y la 103/2021, por despojo agravado. Sin embargo, este martes acusó que, “lo que está en juego es la actuación del notario 102 como fedatario".
"El titular abusa de su función notarial, no puede decir que lo ‘chamaquearon’. Todas las personas que actuaron en su notaría, de acuerdo con el expediente, poseen identidades falsas, con pasaportes y dirección de Cancún; nada hay que sea correcto, todo es falso para adueñarse una propiedad a través de MIA".
En rueda de prensa, el litigante expuso la serie de irregularidades en torno a la compra venta de un predio, en el 2020, en la que participó Canto Viana, quien ahora pasó a ser investigado.
Sin embargo, aseveró que la audiencia vinculatoria se ha retrasado en cuatro ocasiones; la primera porque Israel Canto justificó COVID-19, la segunda por no haber juez, la tercera por falta de abogado y la cuarta también por falta de juez.
"Esta audiencia se va llevar a cabo de acuerdo con la notificación de formulación, de imputación sin detenido en el expediente 189/2021 en la cual al notario público se le hace la imputación por fraude procesal".
"Este notario cometió un grave error en su función, es decir como fedatario, y está traicionando al Estado que le otorgó (su posición) o no ejerce como debe ser", apuntó Tun Jiménez.
Pero ante los retrasos para la audiencia vinculatoria, cuestionó si los diputados del Congreso del Estado no dieron suficiente presupuesto para contratar jueces, lo que ha extendido el proceso.
Advirtió que, de continuar así, el asunto se irá a los Tribunales Colegiados e incluso, podría ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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jcl