De forma ilegal y mediante el despojo simulado o artilugios legales, en Quintana Roo se han realizado procesos de privatización y venta de tierras ejidales, sobre todo al cobijo de la expansión de la industria del turismo.
Este proceso, señala Gabriela Torres-Mazuera en su investigación “Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán”, involucra a la que llamó la 'Mafia Agraria'.
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En esta 'mafia', señala, participan conocidos políticos y funcionarios públicos relacionados con familias que tienen gran influencia en Quintana Roo y la Península de Yucatán, así como notarios públicos y representantes ejidales.
En el estado se involucra a ejidos cercanos a la costa, donde la especulación de la tierra es uno de los problemas más graves y actuales, indica la también profesora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).
En su estudio, Torres-Mazuera, destaca que sólo en Quintana Roo, entre 1993 y 2018, se parcelaron 208 mil 469 hectáreas de tierras de uso común para su posible privatización. Asimismo, la falta de certidumbre jurídica ha disparado la especulación de la tierra en ejidos como Isla Mujeres, Tulum, Bacalar, Alfredo V. Bonfil, Tres Reyes, Chiquilá, Sunyaxchen, entre otros, puntualizó.
La Mafia Agraria
También revela cómo opera la 'Mafia Agraria” dentro del Registro Agrario Nacional (RAN) y cómo su red involucra a familias como los Chapur, los Coldwell, los Joaquín y los Borge, así como notarios y funcionarios públicos.
“Es posible identificar organizaciones civiles, supuestamente dedicadas al cuidado del medio ambiente, que han pretendido ejercer control de territorios comunitarios e indígenas mediante el establecimiento arbitrario, en complicidad con el gobierno del estado de Quintana Roo, de reservas ecológicas que les atribuirían el control de territorios y lagunas en municipios con mayoría de población indígenas”, de acuerdo al estudio.
Desde hace años, los terrenos de ejidos costeros en Quintana Roo enfrentan conflictos y litigios por el tema de la tierra, sobre todo en Jacinto Pat, en Tulum, donde hay “mucha incertidumbre jurídica” por ese tema, dijo.
“También los ejidos de Isla Mujeres y Alfredo V. Bonfil que tienen que ver con procesos de la expansión hotelera que iniciaron en Cancún y que avanzó por el despojo de tierras”, refirió.
Despojo histórico
Señala que Cozumel también fue un proceso de despojo histórico; sin embargo, actualmente el fenómeno tiene que ver con las “Ciudades Dormitorio” para dar cabida a los trabajadores de la industria turística.
“Estas ‘ciudades’ involucran a otro tipo de ejidos que no son costeros o turísticos, como Chiquilá, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Chunyaxché y Tres Reyes, en Felipe Carrillo Puerto”, subraya.
Aquí, dijo, todavía no hay urbanización, pero ya se privatizó la tierra ejidal que era de uso común. Lo más grave es que son terrenos con cubierta forestal lo cual debe impedir el parcela- miento, sin embargo, se hizo de manera ilegal.
Estos ejidos han sido afectados con cambios de destino recientes en más de mil hectáreas para parcelarlos y venderlos, lo cual es el proceso que en estos momentos se vive y es para establecer las “Ciudades Dormitorio”, destaca.
La investigadora comenta que esto es parte del proceso de privatización de la tierra que se vive actualmente en Quintana Roo; pero otro proceso particular reciente es la llegada de menonitas al ejido de Bacalar. “Aquí se ve otra estrategia que también se observa en Yucatán y Campeche, que es la de dividir ejidos.
Lo que sucedió es que el ejido Bacalar vendió tierras a una colonia de menonitas para crear el ejido de Salamanca”, dijo. “Esto fue un artilugio para vender tierras.
Se presenta como una división de ejido, lo cual es ilegal, pero sirve para evadir la inalienabilidad de las tierras de uso común y, más, con cubierta forestal”, subraya.
“Este es un fenómeno reciente en toda esta zona rural de Quintana Roo y que se teme que siga creciendo”, advirtió.
En Quintana Roo hay familias que históricamente tuvieron acceso al acaparamiento de tierras de los ejidos, como los Coldwell en Cozumel, que han tenido mucho control del territorio en la ínsula, comentó.
“Lo que queda claro es que muchos de estos lotes que están en venta hoy en día y que tienen como origen la propiedad social, carecen de legalidad”, afirmó.
No cuentan con Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y no están considerados en los planes de desarrollos de los municipios, por lo que implica que quizá nunca tengan servicios públicos, destacó.
“Sumado a lo anterior, carecen de certidumbre jurídica, porque si no están regularizados ante el RAN no se va a generar un titulo que valide la propiedad”, advierte.
La investigadora considera que quienes compran lo hacen con mucha desinformación, por lo que no todos tienen conciencia de que adquieren un riesgo, situación por la que abundan los fraudes.
“Hoy en día hay un gran mercado de lotes que no tienen una validez oficial, pero también existe una gran participación de notarios corruptos que validan los predios como si fueran legales”, puntualizó.
El problema es que ni los gobiernos estatales o municipales no han generado un registro público para que los compradores pudieran verificar que lotes cumplen con todos los permisos y evitar fraudes.
“Sin embargo no habido el interés de los gobiernos para generar esta información y hacerla pública”, resaltó.
Gabriela Torres-Mazuera, dijo que en la Península de Yucatán se tiene un estimado de 500 mil hectáreas que han cambiado o dejado de ser de uso común para convertirse en parcelas y quizá en propiedad privada, aunque no es un dato oficial.
“La investigación de la privatización de las tierras lleva 10 años, pero el enfoque vinculado a sectores concretos como el turístico, hotelero, inmobiliario y agroindustria es más reciente y en casos específicos”.
Sobre la venta de lotes residenciales en la llamada “Ruta de los Cenotes”, en el municipio de Puerto Morelos, comentó que no abordaron la zona en la investigación, no obstante, dijo que lo harán.
Explicó que la investigación partió de casos específicos identificados por la prensa y, con datos estadísticos del Registro Agrario Nacional (RAN), se obtuvieron pautas en toda la península y estrategias de simulación de acciones legales para lograr la venta de tierras.
Situación de ejidos en voz de los labriegos
En José María Morelos, el comisario ejidal interino del ejido Kilómetro Cincuenta, Agripino Medina Escamilla, dijo que el único problema de tierras que han tenido fue con el Ayuntamiento por las que ocupó para la Expomor, sin embargo, fue resuelto a su favor.
Consideró que donde se dan más problemas legales por ocupación ilegal o despojo de tierras es en la zona turística, porque ahí las tierras tienen mucho valor.
En Felipe Carrillo Puerto, el comisario ejidal, Mario Uicab, reconoció que la venta de predios a particulares sólo ha traído problema al núcleo agrario de X-Hazil Sur y Anexo.
Explicó que el ejido incluye las comunidades de Chancah Veracruz, Uh-May y X-Hazil Sur cuentan con una superficie de 52 mil hectáreas de tierras para reserva, aprovechamiento forestal y actividades agrícolas.
“Hace años se distribuyeron mil 960 hectáreas a 392 ejidatarios, cinco a cada uno, pero algunos vendieron a particulares por 70 o 100 mil pesos, pero como no hay un título, los que compraron han tenido problemas”, precisó.
Por su parte, Victoriano Uicab, comisario ejidal en Andrés Quintana Roo, señaló que cuenta con seis mil 350 hectáreas, de las que sólo 100 están mancomunadas a la orilla de la carretera federal y ningún ejidatario puede vender.
La investigadora expone que las expropiaciones de tierras ejidales es otra forma de despojo de los gobiernos, federal y de los estados que impulsan diversos tipos de megaproyectos.
En ese tema, recordó lo que llama “un caso emblemático del despojo mediante expropiación en la Península de Yucatán” y hace referencia al ejido de Bacalar en Quintana Roo. Este ejido, dotado con 51 mil hectáreas en 1936, sufrió la expropiación de un total de 205 en tres momentos –1993, 1997 y 2001- hecho por la Corett.
Las tierras expropiadas están a la orilla de la laguna y son las de mayor “plusvalor”; se quedaron en manos de políticos de Chetumal que construyeron residencias a lo largo de la laguna.
El ejido no recibió indemnización por estas expropiaciones. La construcción de la carretera 307 que conecta Cancún con Chetumal y la carretera federal 293 que conecta a Mérida con Chetumal, construida en la década de 1970, las cuales afectaron a los ejidos Bacalar, Chacchoben, Los Divorciados, ejido Prof. Graciano Sánchez, Felipe Carrillo Puerto, Xmaben y anexos, Chunyaxche, José María Morelos, entre otros.
Al realizar las indagatorias, la investigadora se dio cuenta que no existen expedientes que hablen del proceso de expropiación de las tierras requeridas para la construcción de ambas carreteras. Los ejidos nunca fueron indemnizados por sus tierras.
CG