El presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra, dijo que desde el 2017 los diputados locales dejaron de tener fuero constitucional, por lo que pueden ser llevados ante la justicia por una probable participación de hechos constitutivos de delito.
Galaviz Ibarra recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lleva una investigación contra políticos, servidores públicos y exfuncionarios quintanarroenses, en la cual aparece el nombre de José de la Peña Ruiz de Chávez, actual diputado de la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo.
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El presidente del Observatorio Legislativo dijo que José de la Peña todavía no ha sido acusado de algún delito, e incluso se desconoce el alcance de las investigaciones, pero en el supuesto de encontrársele alguna responsabilidad penal, señaló que este personaje sí podría llegar a ser juzgado, ya que las diputadas y diputados locales carecen de fuero constitucional.
En ese sentido, indicó que fue en junio de 2017 cuando la pasada XV Legislatura aprobó la eliminación del fuero constitucional, a través de una serie de reformas a la Constitución local, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al Reglamento para el Gobierno Interior, a fin de eliminar las figuras de fuero constitucional y el procedimiento de declaratoria de procedencia.
Luego, en agosto de ese mismo año y con el aval de seis ayuntamientos, la Diputación Permanente de la XV Legislatura decretó las reformas a la Constitución de Quintana Roo, mediante las cuales se eliminó el fuero para todos los servidores públicos, por lo que quienes vulneren o transgredan algún ordenamiento jurídico enfrentarán la justicia en igualdad de condiciones que la ciudadanía.
“Lo que se hizo fue reformar el artículo 72 y derogar la fracción XVII del artículo 75, la fracción VII del artículo 160, el artículo 162 y el artículo 163, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que son los que tenían relación con la figura del fuero constitucional”, explicó Galaviz Ibarra.
Para mejor entendimiento del amable lector, el fuero otorgaba inmunidad a los legisladores y otros servidores públicos, por lo que éstos no podían ser detenidos por la policía aunque cometieran una falta o incluso un delito o un crimen, de manera que era muy difícil llevarlos ante la justicia.
Con la eliminación de este privilegio ahora esto si puede ser posible, por lo que si a un legislador se le comprueba un hecho delictivo entonces deberá enfrentar la ley como cualquier otro ciudadano, señaló el presidente del Observatorio Legislativo.
Aclaró que esto no significa que el diputado José de la Peña sea culpable de algún delito, ya que únicamente se ha dado a conocer la investigación que se le sigue, pero la ley y la constitución también lo hacen inocente hasta que no se le demuestre lo contrario.
“La denominada Operación Caribe llevada a cabo por autoridades federales, para la investigación de un hecho delictivo que durante varias ocasiones se había mencionado sobre las clonaciones de tarjetas bancarias y que se citaba tenía su base de operaciones en nuestro estado, ha llevado a un escenario que no se tenía previsto, que es el informe de la solicitud de congelación de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera a diversos personajes de la política y empresarios de Quintana Roo, lo cual está causando grandes expectativas”, sostuvo Galaviz Ibarra.
Dijo que llama la atención el caso de José de la Peña, por tratarse de un legislador en funciones, quien presuntamente forma parte de los personajes investigados; por lo tanto, si la investigación establece que el legislador está involucrado en alguno de los delitos que sigue este proceso, entonces podrá ser juzgado penalmente al carecer de fuero constitucional.
Como se recordará, después de que su nombre apareció en la lista de personajes quintanarroenses que presuntamente están siendo investigados por la UIF, el diputado José de la Peña fue cambiado de la dirigencia estatal del PVEM.
El lunes pasado se dio a conocer que personajes quintanarroenses de la política, servidores públicos y exfuncionarios municipales y estatales, son investigados luego de que se supiera la noticia de que René Bejarano estaba vinculado con la red rumana de Florian Tudor en Quintana Roo, quien es señalado de blanqueo de recursos de procedencia ilícita a través de cuentas bancarias, así como clonación de tarjetas mediante cajeros automáticos.
Derivado de la información que se dio a conocer sobre el hecho, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, aclaró que en su investigación por el lavado de recursos ilícitos y en la denuncia que presentará contra la banda de rumanos y mexicanos clonadores de tarjetas, no aparece René Bejarano.
La semana pasada, la UIF anunció la “Operación Caribe”, con la que realizó el bloqueo masivo de cuentas de 79 personas físicas y morales que forman parte de una organización criminal dedicada a la clonación de tarjetas bancarias que opera en la zona turística de Cancún.
CG