La época decembrina en 2020 fue muy difícil para Margarita Reyes, una de las 750 personas afectadas por el despojo de viviendas en el municipio de Benito Juárez.
Antes de la cena navideña, llegó a su casa Yadira Beltrán, identificada como representante de una institución bancaria, para informarle que tenía que desalojar la propiedad antes de la primera semana de enero porque ya no era suya y, sino lo hacía por las buenas, la sacarían a las malas; es por ello que antes de que se cumpliera la fecha abandonó su domicilio para evitar que sus hijos pequeños pasarán un mal rato.
En el momento, Margarita no se enteró bien de la situación. No entendía qué es lo que pasaba en torno a la casa que su papá le dejó para vivir con su familia en Paseos Kabah, en la Región 229, pues sólo le mostraron un documento en el que se exponía que desde 2016 el inmueble estaba en proceso de ejecución por tener adeudo de predial y además aseguraba el envió de 59 notificaciones, las cuales nunca recibieron.
Margarita tuvo que buscar el número de expediente, porque la señora Yadira no se lo proporcionó. En ese momento la angustia la invadió porque no sabía en dónde vivirían, además, tenía miedo porque fue testigo de que a varios vecinos les pasó lo mismo y para sacarlos de sus hogares se usó la fuerza pública.
Lo único que le quedaba por hacer era sacar sus cosas del inmueble para tener tiempo de llevarse lo poco que tiene.
La persona identificada como Yadira, llegó el 7 de enero de 2021 con policías municipales, un camión de mudanza y otras personas con documentos firmados y membretados por el Ayuntamiento de Benito Juárez, para verificar que la casa estuviera vacía. Una vez que terminaron con la inspección sólo se retiraron, sin cerrar las puertas con candados y tampoco colocaron sellos del Municipio, algo que se les hizo raro a los testigos.
Ahora que, a través de los medios de comunicación que informaron sobre la destitución de funcionarios vinculados al despojo ilegal de viviendas, fue que decidieron acudir a la Contraloría para informarse sobre qué hacer para recuperar su patrimonio, porque intentaron contratar a un abogado, pero sólo gastaron sus pocos ahorros porque nunca les resolvió nada.
Actualmente el gravamen, que es un impuesto que, en caso de que adquirirse una casa por medio de un crédito hipotecario se deberá cubrir al finalizar los pagos, aún se encuentra a nombre de su papá y eso les da una esperanza de recuperarla.
Recordemos que nueve exfuncionarios del Ayuntamiento de Benito Juárez se encuentran bajo investigación al ser vinculados con una posible red de corrupción que despojó a por lo menos 100 personas de sus viviendas, de acuerdo con información de Valdivia Acero Rosado, contralora municipal, quien añadió que hasta el momento se han recuperado ocho, sin embargo se estima que sean aproximadamente 750 inmuebles que se encuentran en esta misma situación.
CG