La Fiscalía General del Estado (FGE) “criminaliza el activismo ambiental”, acusó el abogado Gerardo Solís Barreto, al informar que la dependencia lo investiga por presunta corrupción de menores.
El también presidente de la Defensoría Internacional de los Derechos Humanos puntualizó que la acusación en su contra y a la que la Fiscalía dio entrada y seguimiento, es promovida por la empresa de hoteles Riu.
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El activista le ganó una suspensión definitiva al grupo español para la construcción de un hotel en Punta Nizuc mediante la denuncia realizada a través de un grupo de menores de edad por el derecho a un ambiente sano.
El abogado representó a los menores que denunciaron daño ambiental en el proyecto del grupo hotelero, lo que derivó en que los trabajos fueran suspendidos y la empresa iniciara una defensa para continuar su proyecto.
“Ellos dicen que cometo un delito de corrupción al haber influido en unos menores de edad, pero eso no es un delito, es la criminalización de la defensa de una protesta en materia de impacto ambiental”, puntualizó.
Solís Barreto indicó que la denuncia en su contra a la que la Fiscalía se prestó significa un cheque al portador del gobierno del estado para que los hoteleros hagan lo que quieran con los recursos naturales de Quintana Roo.
“La suspensión definitiva nos la dieron en octubre y noviembre del 2020, dos meses después de iniciado el amparo, pero esto es grave porque ahora se criminaliza el legítimo derecho que tenemos a defender los recursos naturales.
El activista dio lectura a un oficio de la FGE a través del cual solicita al Juez Quinto de Distrito en Cancún copia certificada del expediente del juicio de amparo 807/2020-D-8 promovido por Gerardo Solís Barreto.
“Lo anterior toda vez que esta autoridad lleva a cabo una investigación de un hecho posiblemente constitutivo de delito, cometido en agravio de la persona moral MXRIUSA II, SA de CV y en contra de Gerardo Solís Barreto”, dice el oficio.
Esto es un acto de intimidación, de represión, para el activismo en Quintana Roo, pues la Fiscalía pretende criminalizar una legítima protesta, no se puede por ningún motivo.
“Cuando recibieron la denuncia del Grupo Riu, de inmediato el Ministerio Público debió darse cuenta y decirles que la presentación de un amparo no es un delito, que me digan dónde está el delito y me interno en la cárcel”, señaló.
Todo esto ocurre porque el Ayuntamiento de Benito Juárez, en la Dirección de Desarrollo Urbano, hay una gran corrupción y por eso el Riu comenzó a construir, porque les vendieron una licencia en 4 millones de pesos, afirmó.
“Yo me pregunto, ¿eso es lo que vale la duna costera de Cancún, cuando se trata de una barrera natural que brinda servicios ambientales incalculables de conservación del hábitat costero?”, agregó.
En caso de no obtener una respuesta favorable para que no proceda esta investigación que pretende echar atrás lo logrado, recurriremos a instancias internacionales, como la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, advirtió el activista.
“Esta organización la integran México, Estados Unidos y Canadá y su finalidad es verificar el cumplimiento de la legislación ambiental por sus miembros”, explicó.
CG