Juan N. es un adolescente que viajó miles de kilómetros desde Santa María, Xadani, estado de Oaxaca, a la zona cañera del sur de Quintana Roo, junto con sus padres, que desde hace 20 años llegan a la Ribera del Río Hondo en busca de mejores oportunidades y una vida mejor.
Sin embargo, por su condición de menor de edad, no le permiten trabajar en el rudo, sucio y pesado trabajo del corte de la caña de azúcar, aunque él desde que nació ha visto a su padre, tíos y primos agarrar el machete y perderse entre los cañaverales para ganarse unos cuantos pesos.
Hace dos años, con menos edad, pudo cortar algunas varas de caña de azúcar y ganarse unos pesos, pero hoy el DIF, la fundación Emalur y los propios dirigentes cañeros no los dejan trabajar, pero tampoco les ofrecen alternativas para salir adelante.
Juan dejó de ganar mil 200 pesos semanales en el corte de caña, pues recibía un pago de 60 pesos por tonelada cortada, levantada y transportada al ingenio azucarero San Rafael de Pucté.
Su madre, Lidia López Pérez, aseguró que no hay programas para ayudar a los jóvenes, sobre todo a los hijos de los cortadores de caña.
En la galera del ejido Sergio Butrón Casas, mientras que las madres de familia cocinan sobre los rústicos fogones y el olor a leña impregna el lugar, los niños corren en los alrededores de la escuela preescolar y primaria Conafe-migrante, la cual se encuentra cerrada por la pandemia; sin embargo, los jóvenes en edad de cursar la escuela primaria o secundaria se encuentran sentados viendo la televisión, en espera de la hora de la comida.
En el lugar, sólo se observan hectáreas de cañas, unas listas para cortar y otras en proceso de desarrollo, pero Juan se encuentra molesto.
No es que sean flojos, ni nada por el estilo, lo que pasa es que no van a corte de caña porque las autoridades del DIF Estatal y de la fundación Emalur, perteneciente al grupo cañero Beta San Miguel (BSM), recorren los campos cañeros para cerciorarse de que no haya niños ni jóvenes laborando, dijo la señora.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, artículo 22 Bis, queda prohibido el trabajo de menores de 15 o 18 años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, y los patrones que incurran en este hecho pueden ser castigado de uno a cuatro años de prisión, así como de 250 a 5 mil UMA, de acuerdo con el artículo 995 Bis de dicha ley
No los dejan trabajar, pero tampoco les dan opciones ni alternativas para que se distraigan durante todo el día en las galeras, en donde no hay mucho que ver, afirmó López Pérez.
“Somos gente de rancho y la costumbre es mandar a los niños al trabajo para acompañar a sus papás, para que les enseñen lo rudo que es laborar de sol a sol, con el objetivo de que sean ellos los que decidan si continúan con esa vida o se dedican al estudio, afirmó; sin embargo, esto ya no es posible debido al artículo 176 de la ley antes citada, que impide que los menores de 18 años laboren en condiciones climáticas extremas en campo abierto, que los exponga a deshidratación, golpe de calor, hipotermia o congelación”, señala.
En otros ejidos de la ribera del río Hondo se observa a jóvenes sobre la carretera caminando con machetes en la mano, pero también se quejan que no los dejan trabajar para ganar un poco de dinero para comprar sus refrescos.
En México hay más de dos millones de trabajadores agrícolas temporales y junto con sus familias suman alrededor de cinco millones de personas, el 40 por ciento son indígenas, 26 por ciento son mujeres y el 90 por ciento trabaja de manera informal. Según datos de la ONU México y de acuerdo con el Consejo de Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el 2018 el 72.9 por ciento de la población en Quintana Roo estaba en situación de pobreza o de vulnerabilidad por carencia de ingresos.
Antes, el hijo de Lidia López Pérez ganaba mil 200 pesos semanales en el rudo, sucio y complicado corte de la caña de azúcar, pero hoy sólo está sentando en espera que llegue la hora de comer. “Y no lo culpo a él”, dice su madre, “pero sí le hago un llamado a las autoridades del DIF Estatal y de la fundación Emalur, para que nos apoyen de perdido con una despensa”, reiteró.
Destacó que en todo trabajo existen riesgos, pero desde adolescentes los deben empezar a superar, en el corte de la caña de azúcar sin duda por un descuido se puede cortar o sufrir la mordedura de una víbora, pero uno se tiene que preparar para eso.
Un cortador de caña ya sea adulto o menor de edad recibe 50 pesos por tonelada cortada, y aunque es un trabajo rudo, sucio y complicado, es una fuente de ingresos en estos tiempos de crisis por la pandemia COVID-19.
Al igual que el resto del país, para las niñas, niños y adolescentes en la Entidad, vivir en situación de pobreza durante la infancia y adolescencia limita sus posibilidades de bienestar y tienen mayor probabilidad de ver comprometido el ejercicio de sus derechos sociales básicos, y con ello su sano desarrollo y construcción de capacidades que permitan su integración al mercado laboral en un futuro.
Los padres cortadores de caña están de acuerdo en que prohíban el trabajo infantil en la zona cañera, pero que los apoyen porque las familias enteras que se encuentran en los albergues hasta la fecha no han recibido ayuda, ni información del COVID-19.
En la misma situación se encuentran las señoras Tomasina Gómez de Meza y Angelina Luna, pues afirman que de parte de las autoridades del DIF Estatal y de la fundación Emalur, sólo han recibido desprecio.
Sin embargo, en su portal el DIF Quintana Roo promociona el programa Asistencia Social a Desamparados enfocado a transformar en positivas las circunstancias adversas o desfavorables que padecen grupos vulnerables y que impiden su desarrollo armónico e integración a la sociedad, programa que al parecer no ha llegado a la zona cañera del sur del Estado.
Cabe destacar que en México existen 3.2 millones de niños y niñas que trabajan, de acuerdo con el Módulo de Trabajo infantil del 2017. De ese total, poco más de 2 millones realizan un trabajo no permitido o peligroso.
De acuerdo con los artículos 175 y 176 de la Ley Federal del Trabajo, está prohibido emplear a cualquier niña o niño y sólo se permitirá que trabajen a partir de los 16 años, cuando se trate de un empleo que no perjudique su desarrollo, siempre y cuando cuenten con el permiso de los padres o tutores.
La estadística arrojó que en 2020, el 10.2 por ciento (41 mil 147) de los 403 mil 407 menores entre 5 a 17 años de edad, ejercen alguna actividad laboral, ya sea remunerada o no; mientras que en 2017 la cifra era de 9.4 por ciento (32 mil 939), de los 350 mil 423 niños y adolescentes que se registraron en ese año, un incremento de 0.8 por ciento que se traduce en más de ocho mil menores más que trabajan.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los más de 41 mil menores trabajando, el 5.8 por ciento (23 mil 397) realiza alguna actividad peligrosa, que pone en riesgo su salud o bien afectan su desarrollo físico y mental (construcción, minas, sector agropecuario, bares, cantinas, entre otros).
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Asimismo, los resultados indicaron que 4.6% (18 mil 556) ejercieron quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, es decir, que se llevan a cabo en condiciones peligrosas o en horarios prolongados, siendo las niñas las más expuestas a esta clase de trabajos.
En Quintana Roo, a través de la vertiente de trabajo infantil se llevaron a cabo 70 actividades presenciales y 19 videoconferencias con contenidos sobre trabajo infantil, labores peligrosas e insalubres prohibidas para niñas, niños y adolescentes, factores relacionados con el trabajo infantil, consecuencias de trabajo infantil y factores protectores de niñas, niños y adolescentes, en relación al trabajo infantil.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social apuntó que en Quintana Roo se logra mantener con 10.2 por ciento en la tasa de trabajo infantil por entidad federativa por debajo de la media nacional que es de 11.5 por ciento.
RM