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Quintana Roo
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Los cuerpos de seguridad de los gobiernos estatales y municipales en la Península de Yucatán acumulan 580 quejas interpuestas por ciudadanos ante las comisiones estatales defensoras de derechos humanos; las acusaciones refieren principalmente abuso de la autoridad, violencia, tortura y siembra de delitos.
En el caso de la Quintana Roo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cdhqroo) remitió 85 recomendaciones a los distintos cuerpos policiacos adscritos a los municipios y al Gobierno del Estado, de 2015 a 2020.
El número de recomendaciones fueron obtenidos a partir de la revisión de las recomendaciones que las propias instituciones publicaron en sus páginas web.
Los quintanorrenses no confían en los agentes de la Policía Municipal Preventiva, es más, creen que son corruptos.
Y lo peor: si fueran víctimas de un delito, sólo pocos acudirían a interponer una denuncia. Esos son los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El 80 por ciento de los habitantes de Quintana Roo consideran que la Policía Preventiva Municipal es corrupta. Es el segundo cuerpo policiaco y de justicia peor evaluado por los habitantes mayores de 18 años que respondieron la encuesta, después de la Policía de Tránsito.
La mala percepción de los ciudadanos hacia la autoridad creció en tan solo un año, al pasar del 70 por ciento en 2019 al 80 por ciento en 2020. En contraste, la Guardia Nacional es considerada la institución de seguridad pública menos corrupta, al acumular 18 puntos porcentuales, es decir, tres veces menos en comparación con la policía municipal.
La desconfianza también es una sensación visible: el 62 por ciento de los encuestados respondieron no tener confianza en los elementos municipales. El 70 por ciento de la población considera que la inseguridad es el problema más grave en Quintana Roo, antes que el desempleo y la falta de salud. Tres de cada 10 personas han sido víctimas de alguna transgresión en 2019. Algunos los han asaltado cuan- do caminan por la calle, otras más cuando viajan en el transporte público.
El resto fue afectado, robo en casa habitación o automóvil, o extorsión. Y, a pesar de ser damnificados, el 88 por ciento prefiere no denunciar por la “pérdida de tiempo” o la “desconfianza en la autoridad”. En tanto, en el 45 por ciento de los casos sí denunciados “no pasó nada o no se continuó con la investigación”.
“Los cuatro Policías Ministeriales me trasladan a otro cuarto, diciéndome: ‘ahora sí vas hablar hijo de tu chingada madre’. Me vendan los ojos y es, entonces, que me dan de cachetadas en la cara y golpes en el abdomen, costilla y espalda”. Cuando “Crescencio” acudió a la frutería la tarde del 19 de mayo de 2017, no imaginó que sería torturado por cuatro agentes de la Policía Ministerial de Campeche.
A las 13:10 horas de aquel día de mayo, “Crescencio” conducía una motocicleta Kaze negra sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, en Champotón, Campeche, cuando una patrulla le cerró el paso. Este es el relato de un ciudadano que interpuso la queja 639/Q128/2017 contra la Policía Municipal de Champotón y la Policía Ministerial Investigadora ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Campeche.
Su nombre fue cambiado en esta narración. Descendieron dos agentes de la patrulla, un agente de la Policía Municipal Preventiva y otro más de la Policía Ministerial Investigadora vestido de civil. Ahí comenzó su tragedia. Le solicitaron la licencia de conducir y la tarjeta de circulación de la motocicleta. Pidieron refuerzos y arribaron cuatro agentes más adscritos a la Policía Ministerial que también estaban vestidos de civil.
“Me bajaron a la fuerza de la motocicleta, ingresándome en el interior de la parte trasera de la camioneta, trasladándome inmediatamente a la Vicefiscalía General de Champotón”, narra la víctima. En una habitación lo interrogaron sobre un supuesto asalto a una empresa financiera. A “Crescencio” le lanzaron una serie de preguntas que no pudo responder.
Le cuestionaron: “¿quién es mi cómplice en el asalto de la financiera?, señalándoles en esos momentos que desconocía de qué me estaban hablando”. Al no obtener respuestas, los cuatro policías ministeriales lo trasladaron a otra habitación donde de la violencia escaló: lo presionaron: “¿ahora sí vas hablar, hijo de tu chingada madre?”.
Le vendaron los ojos y lo golpearon en la cara, abdomen, costillas y espalda. Así durante 60 minutos. Lo fotografiaron, le tomaron las huellas dactilares y lo obligaron a firmar una hoja en blanco. Luego de criminalizarlo, lo amenazaron. “Un policía ministerial me refirió que acudiría a buscar a mi esposa para que hablara en mi contra. O, en dado caso que no lo hiciera, la iba a violar. Al igual que otro policía dijo: ‘perro maldito, te voy a matar, total ni de mi familia eres’”.Luego, lo dejaron en libertad, pero no le regresaron la motocicleta.
De enero de 2010 a marzo de 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Campeche emitió 343 recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a las policías municipales y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, incluyendo a la extinta Procuraduría General de Justicia.
En tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán publicó 152 recomendaciones a los cuerpos policiacos municipales, a la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia, durante el periodo de 2008 a febrero de 2021.
Al contrario de los quintanorrenses, los campechanos sí confían en los agentes de la Policía Municipal Preventiva. El 64 por ciento de los ciudadanos encuestados confían en los agentes municipales, mientras que el 73 por ciento lo hacen en los policías estatales y federales. Sin embargo, aun cuando confían en los agentes policiales, el 60 por ciento de la población consideró que son corruptos.
Uno de cada cinco habitantes en Campeche ha sido víctima de la delincuencia, principalmente de fraude, robo en casa, cuando camina en la calle o viaja en el transporte público, y de extorsión. “La ENVIPE permite estimar que para 2019 en el estado de Campeche, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de mil 326.6 millones de pesos”, detalla el informe.
A pesar de que los agentes fueron bien evaluados por los ciudadanos, la cifra negra de delitos se eleva al 92 por ciento. Una situación similar existe en Yucatán. Los ciudadanos tienen una buena opinión de los agentes policiacos: confían en ellos, sin embargo los consideran corruptos.
Ocho de cada diez habitantes confían en los elementos adscritos a la Policía Preventiva Municipal, en la la Policía Estatal y Federal, sólo superados por la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional. Sin embargo, la mitad de la población encuestada opina que los agentes municipales son corruptos, mientras que consideran a los elementos estatales y federales aún más transgresores de las normas, con el 53 por ciento y el 54 por ciento, respectivamente.
El 20 por ciento de los hogares ha manifestado haber sido víctima de violencia en 2019, principalmente de fraude, extorsión y otros delitos no especificados en la encuesta. “La ENVIPE permite estimar que para 2019 en el estado de Yucatán el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 2 mil 437.4 millones de pesos”, precisa la encuesta del INEGI.
La cifra negra de los delitos en Yucatán alcanzó el 93 por ciento y sólo en el 71 por ciento de los casos se inicia una averiguación.
CG