El Observatorio Legislativo de Quintana Roo solicitó la intervención de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado por el caso del Cártel del Despojo, ya que existe lentitud u omisión de las autoridades de investigación y judiciales para investigar y castigar los delitos cometidos por un grupo encabezado por Erika Luz García Deister (madre del diputado Gustavo MirandaGarcía) y Luis Pablo Bustamante Beltrán, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), informó su presidente, Eduardo Galaviz Ibarra.
Asimismo, pidió a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Superior de Justicia del Estado, que realicen con agilidad las investigaciones y juicios relacionados con los temas de despojo, que están afectando al Estado de derecho en esta actividad inmobiliaria.
El Observatorio Legislativo de Quintana Roo exige que se investigue la personalidad y actividad de los funcionarios nombrados que, habiendo simulado juicios laborales, han sido premiados con cargos y sociedades por parte del diputado Gustavo Miranda García, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso local.
También reclama que se haga un exhorto a la autoridad electoral del Estado para que la postulación del ciudadano Luis Pablo Bustamante Beltrán, como candidato a síndico municipal del municipio de Benito Juárez, se invalide al no contar con uno de los preceptos para ser integrante de un Ayuntamiento, cargo que exige “reconocida probidad y solvencia moral”.
El presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra, consideró que es necesario llegar a un verdadero “Estado de derecho, usando el derecho del Estado para no ser el Estado de los despojos”.
Señaló que su petición se fundamenta en la investigación realizada por un medio mexicano con sede en el extranjero sobre unas operaciones fraudulentas cometidas en el Estado de Quintana Roo.
En su carta, señala la exhibición inicial del despojo de un inmueble a una empresa financiera de España, que fue dado en garantía por un crédito por parte de algunos personajes que forman parte de nuestra sociedad de negocios y política, en complicidad con organismos laborales, notarios y el Registro Público de la Propiedad, asunto que impactó en estos ambientes, pero también generó que se mostrara que no es un caso aislado, sino la muestra de algo que ha sucedido en el Estado de manera frecuente. “Se han documentado numerosos casos que siguen este modo de operación fraudulenta”, dijo.
Destacó que el 12 de mayo envió al Congreso del Estado una solicitud, acompañada de elementos de prueba, para que la Comisión de Justicia de la XVI Legislatura se involucre en estos temas que son de gran trascendencia para el Estado de derecho y la independencia de los poderes del Estado.
Síguenos en Google News y recibe la mejor información.
En la solicitud dirigida a la diputada Kira Iris San, presidenta de la Comisión de Justicia de la XVI Legislatura del Congreso del Estado, destaca que en la primera operación detectada participaron supuestos trabajadores que, sin comprobar los dichos e ingresos, —ya que no mostraron contratos de servicios, declaración de impuestos—, la Junta de Conciliación de Cozumel les otorgó, en un juicio rápido, el pago de sus demandas con el mencionado inmueble, estos son: Marcela Baños Cobos, Carlos Ismael Adrián Albornoz, José Luis Gómez Sosa y Luis Pablo Bustamante Beltrán, este último dirigente actual del PVEM.
La investigación exhibió otras dos operaciones, siguiendo el mismo sistema de denuncias ante la Junta Laboral de Cozumel; una de ellas en el año de 2015, en la que participó Jorge David Segura Rodríguez, quien se adjudicó un inmueble en el desarrollo La Vista El Table, y quien después de haber logrado una sentencia favorable a su demanda contra la empresa de la señora Ericka Luz García Deister (madre del diputado Gustavo Miranda García), constituyó, en 2018, la empresa Xolos Transfers SA. de CV, en sociedad con el mismo diputado Miranda García.
“Es importante señalar que un primo de Jorge David Segura Rodríguez, el ciudadano Eugenio Segura Vázquez, fue integrado en la plantilla de funcionarios del Congreso del Estado como subdirector de Administración en 2020.
“Otra operación denunciada en la investigación es la realizada, también en el 2015, en donde Mónica Adriana Meléndez Martínez entabló igualmente un juicio laboral, similar a los anteriormente señalados, logrando se le liquidara su demanda con un departamento del Inmueble Emerald de la ciudad de Cancún. Esta persona se dio de alta en el Congreso del Estado como jefe de departamento en el mes de septiembre de 2020 y, además, en el 2017 formó una empresa, EG Miranda SA de CV, en sociedad con el diputado Gustavo Miranda García.
“Esta investigación mostró que no es un caso aislado, sino la muestra de algo que ha sucedido en el Estado de manera frecuente. Se han documentado numerosos casos que siguen este modo de operación fraudulenta. También ha mostrado la lentitud u omisión de las autoridades de investigación y judiciales sobre todos estos casos.
“Y aunque ya existe una Fiscalía que persigue e investiga los delitos patrimoniales, todos estos casos pueden motivar a la formación de una Fiscalía especializada para investigar y estructurar las carpetas de investigación de estos delitos”, señaló Galaviz Ibarra.
Consideró como importante que en el poder Judicial se atiendan estos casos con prontitud, ya que parte del entramado de impunidad de estas operaciones es la omisión o incluso alguna complicidad para no llegar a una solución correcta para los demandantes, por lo que los implicados se cubren señalando que “está en proceso el caso”, para mostrar una supuesta inocencia.
Importante también será la neutralidad y objetividad de la Fiscalía General de Justicia para atender estos temas, ya que es necesario señalar que igualmente se han aprovechado de ella, por influencias políticas y empresariales para generar intervenciones para beneficio de algunos particulares, concluyó.
RM