Al menos tres solicitudes de juicio político se han presentado contra el encargado de proteger los derechos humanos en Quintana Roo, Marco Antonio Toh Euán; sin embargo, no han sido atendidas en el Congreso del Estado. La lentitud de la XVI Legislatura en su atención ha provocado que se sigan acumulando las solicitudes de juicio político y las peticiones para que sea removido del cargo el actual titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).
La Comisión de Justicia de la XVI Legislatura debía darle curso a los procedimientos, pero estuvo a cargo de Lili Campos Miranda, actual candidata a la presidencia municipal de Solidaridad. Ante la solicitud de licencia de Campos Miranda, asumió su lugar Kira Iris San, quien no ha dado muestras de avances en las diversas solicitudes de juicio político que han sido presentadas ante el Congreso del Estado.
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Los juicios políticos contra el Ombudsperson
El pasado 26 de abril, un extrabajador, quien aseguró haber sido víctima de acoso, hostigamiento laboral y despido injustificado, presentó una solicitud de juicio político contra Marco Antonio Toh Euán.
El afectado entregó ante la Oficialía de Partes de la XVI Legislatura del Congreso del Estado una demanda de juicio político contra el ombudsman de Quintana Roo, por incurrir en la violación a los artículos 7, 9, 11, 12, 20 y 21, y demás relativos y aplicables de la ley para Prevenir, Atender y Eliminar la discriminación en el Estado de Quintana Roo.
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El oficio dirigido a la diputada Judith Rodríguez Villanueva, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XVI Legislatura del Congreso del Estado, detalla que Marco Antonio Toh Euán cometió actos discriminatorios, de intimidación, amenazas y humillaciones en contra del querellante.
El afectado señaló que fue contratado el 17 de enero del 2017 para laborar en la Cdheqroo en el puesto de capacitador, y tras el ingreso de Marco Antonio Toh Euán se comenzó a percibir un clima de violencia al interior de la Comisión.
Agregó que el 15 de febrero del 2019, por instrucciones directas de Toh Euán, se le informó de forma verbal que debía trasladarse a las oficinas de la Cdheqroo en la ciudad de Cancún sin notificación previa y sin razones que fundamenten la orden.
Tras negarse a cumplir la indicación, la parte afectada señaló que el defensor de los derechos humanos insinuó que acatar o no la orden dependería de la continuidad y hasta beneficios laborales; no obstante, el extrabajador señaló que ante su negativa solicitó que se le notificara de manera legal mediante oficio fundado y motivado, ya que el cambio de residencia afectaba su estabilidad personal, laboral y económica.
El documento señala que, derivado de lo anterior, se le generó una reducción de salario el 31 de mayo del 2019, y para el 30 de junio del 2019 se le solicitó la renuncia al trabajador ante la negativa de no irse a Cancún a laborar.
El trabajador agraviado señala que la plaza laboral estaba comprometida para una persona cercana a Marco Antonio Toh Euán, y que, además de su renuncia, fue obligado a firmar un documento donde se comprometía a no iniciar ningún tipo de procedimiento o acción contra el presidente de la Cdheqroo.
Anteriormente, el 14 de diciembre del 2020, otra exempleada presentó una demanda de juicio político en contra del ombudsman, asegurando que tuvo una relación laboral con el organismo del 16 de mayo de 2019 al 15 de octubre del 2020. La extrabajadora denunció haber sido objeto de acoso, hostigamiento laboral y despido injustificado.
La extrabajadora de nombre María Antonia Contreras Tino presentó una demanda en la que aseguró que desde el 22 de noviembre del año pasado tuvo diferencias con una de las doctoras dictaminadoras, quien le negó un examen médico, para lo cual acudió con su superior, quien hizo caso omiso. En el cuerpo de la demanda acusa a Omega Istar Ponce Palomeque y a Liliana Cruz Figueroa de hostigamiento laboral.
Relató que al informarse que laborarían en la modalidad de “home office”, ella informó que tiene hepatitis B y no podía acudir a la oficina de manera presencial. Pese a ello, Liliana Cruz la hostigaba en horarios y días no laborales, pidiéndole informes de documentos que se encontraban en la oficina y manifestando que tenía poco tiempo para su entrega, a veces horas, exigiéndome que acudiera a la oficina a pesar de estar en emergencia sanitaria, situación que se repitió hasta que le dieron de baja.
En una reunión en el Centro de Atención a Víctimas en la zona norte le fue informada su baja, y apuntó que incluso se le pidió que firmara su renuncia porque no había recursos para otorgarle una liquidación conforme a la ley.
La denuncia fue remitida a la Comisión de Justicia, donde el documento tampoco tuvo la atención de la diputada con licencia, Lili Campos Miranda.
Un tercer juicio político fue solicitado en febrero de este año, en medio de las protestas en torno a las iniciativas para despenalizar el aborto que generaron manifestaciones y la toma del Congreso del Estado.
Las asociaciones Provida clausuraron simbólicamente las oficinas considerando que incumple su razón de ser.
“Exigimos que Marco Antonio Toh Euán sea destituido del encargo como comisionado de Derechos Humanos, cargo que no ha sabido honrar, que ha utilizado para favorecer sus propias preferencias e ideologías, y exigimos que se le someta a un juicio político por su proceder parcial, faccioso e ideológico, traicionando a la sociedad quintanarroense que mayoritaria y pacíficamente defendemos la vida y la familia”, fue lo expresado por diversas asociaciones que interpusieron la solicitud de juicio el 11 de enero del presente año, el cual también fue recibido por el Congreso del Estado y no ha tenido respuesta.
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