Funcionarios públicos de Quintana Roo estuvieron implicados en 736 delitos desde septiembre de 2016, cuando inició el Gobierno de Carlos Joaquín, hasta el último corte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en abril de 2021; esto significa que, en promedio, cada mes 13 funcionarios del estado cometieron algún crimen y fueron denunciados.
Si bien las cifras del SESNSP no permiten conocer cuántos de estos funcionarios fichados pertenecen al Gobierno de Carlos Joaquín González, todos los contemplados en la estadística rinden o rindieron algún servicio a la administración pública de Quintana Roo, desde ayuntamientos, puestos federales y estatales.
Sólo de enero a abril de 2021, un año con actividad electoral, 198 burócratas quintanarroenses incurrieron en algún delito. En este primer cuatrimestre, el promedio mensual es de 49.5, lo que implica que más de uno se vio implicado en un acto ilícito al día.
La estadística del SESNSP revela que, de 2016 a 2019, apenas se denunciaron tres delitos cometidos por servidores públicos, es decir, 0.4 por ciento, el resto, 99.6 por ciento (733 casos) se reportó de enero de 2020 a abril de 2021.
De acuerdo con el Código Penal del Estado de Quintana Roo, se considera servidor público “a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial del Estado, y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo del Estado, el Poder Judicial o en la Administración Pública Estatal o Municipal, entidades paraestatales y paramunicipales, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas y órganos públicos autónomos a los que la Constitución del Estado les otorgue dicha calidad o a quienes manejen recursos económicos estatales o municipales”.
Según las disposiciones de este marco jurídico, a los servidores públicos que cometan delitos, además de las penas de prisión y de multa que en cada caso se señalen, se les destituirá e inhabilitará para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.
Las sanciones también le privan de participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del estado por un plazo de uno a veinte años.
El mismo Código Penal enlista, entre otros delitos, el de uso indebido de información sobre la actividad de Seguridad Pública o Procuración de Justicia; el robo y la violencia política de género; además, prestarse, desde sus facultades como funcionario, a la trata de personas o facilitar la adopción ilegal de menores de edad.
Quintana Roo es una Entidad que ha estado en el foco nacional por funcionarios de alto rango implicados en la comisión de algún delito: al menos tres gobernadores han sido acusados y dos de ellos están en prisión.
El pasado 8 de junio, un juez federal con sede en Quintana Roo, sentenció a cinco años de prisión al exagente de Policía, Miguel “M”, tras ser declarado culpable de cometer actos de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.
La condena formó parte de las investigaciones de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) en las que otros exservidores públicos ya fueron condenados o se encuentran sujetos a proceso penal.
Miguel “M” fue declarado culpable de la comisión del delito de tortura, en este caso contra Cacho, autora del libro 'Los demonios del Edén', texto en el que se revela una red de pederastia y pornografía infantil que involucraba a servidores públicos y empresarios en varias regiones de México.
El hoy sentenciado se desempeñaba como policía judicial de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Quintana Roo y su participación consistió en la detención y traslado de la víctima fuera del estado.
CG