Con un tratamiento superficial, apurado y sin el debate necesario, es como se realizaron las 31 sesiones que tuvo el segundo periodo de sesiones del segundo año de la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, que abarcó del 15 de febrero al 26 de mayo de 2021.
El Observatorio Legislativo considera a éste como “atípico” con respecto otros periodos de sesiones; en principio por las afectaciones originadas por la pandemia por COVID-19, que provocó la cancelación de reuniones, también por la presión de grupos sociales que estuvieron limitando el acceso a las instalaciones del Congreso del Estado por la falta de atención y sensibilidad política de los conductores de la legislatura hacia esos conflictos, además de destacar que los diputados locales son de los más costosos a nivel nacional, ya que en 2020 cada uno le costó al estado 19 millones de pesos.
Es así que se desarrollaron 31 sesiones, varias de ellas se efectuaron dos en un mismo día, con numerosos puntos en el orden del día, lo que origina poco debate y un tratamiento superficial a los temas tratados. Se efectuaron cuatro sesiones en febrero, 11 en marzo, ocho en abril y ocho en mayo.
Otra característica de este periodo fue que solicitaron licencia para ausentarse en diferentes tiempos de los meses de febrero y marzo, 10 de los diputados integrantes de la XVI Legislatura: Teresa Atenea Gómez Ricalde, José Luis Guillén López, Wilbert Alberto Batún Chulim, Erika Guadalupe Castillo Acosta, Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Edgar Humberto Gasca Arceo, Luis Fernando Chávez Zepeda, Roberto Erales Jiménez, Roxana Lili Campos Miranda y María Cristina Torres Gómez quienes buscaron alguna candidatura de elección popular durante el Proceso Electoral Local de este año, lo cual afectó el rendimiento de los trabajos y la integración de los suplentes se dio en diferentes momentos, al igual que los propietarios que no lograron postulaciones en las candidaturas. Por ello, nueve sesiones se realizaron con un número menor de los diputados que integran el Congreso.
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Durante este periodo, el diputado más faltista fue José Luis Toledo Medina ('Chanito' Toledo), del Movimiento Ciudadano (MC), con 10 ausencias, que equivale a una inasistencia del 33 por ciento; es seguido por Erika Guadalupe Castillo Acosta, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con un ausentismo del 20 por ciento, 10 sesiones. Ana Pamplona Ramírez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); José de la Peña Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Pedro Pérez Díaz (PRD); Tyara Schelske de Ariño (PVEM) y Yamina Rosado, del Partido Acción Nacional (PAN), faltaron a 5 sesiones, igual al 16 por ciento de incumplimiento.
Es oportuna la presentación de los comparativos que hace el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sobre el costo de los congresos del país, basado en el presupuesto de 442 millones de pesos que este año recibió la XVI Legislatura.
El reporte del IMCO menciona que mantener a los 25 legisladores cuesta 261 pesos a cada habitante de Quintana Roo, lo que representa un 97 por ciento más del promedio nacional, que es de 132 pesos y, a su vez, supera a los Congresos de los estados vecinos, pues en Campeche el costo es de 200 pesos por habitante, y en Yucatán el costo apenas alcanza los 58 pesos por cada poblador.
Durante este periodo se tienen contabilizadas más de cien iniciativas presentadas, pero no por ello significa que todas tengan una importancia especial, una gran parte de ellas están orientadas a integrar en las leyes y códigos la perspectiva de género, por lo que se genera un buen número de reformas a ellas. Igualmente, se presentan diversos cambios a los Códigos Civil y Penal, muchos de ellos con la orientación de protección a niños, mujeres y adolescentes.
Se presentaron cinco iniciativas ciudadanas, cuatro para reformar leyes y una para crear una Ley del Desempleo.
Por parte del Ejecutivo, en esta ocasión se presentaron sólo cuatro iniciativas, dentro de las cuales están: la solicitud de contratar una deuda por 820 millones de pesos, una nueva Ley Orgánica para el Centro de Conciliación Laboral, ambas aprobadas sin mayores cuestionamientos. Del Poder Judicial se ingresó una reforma a su Ley Orgánica para la creación de una nueva Unidad de Derechos Humanos.
Se ingresaron iniciativas con propuestas de nuevas leyes como: Ley de Juicios Políticos y Declaración de Procedencia; Ley de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres; Ley de Cultura y Derechos Culturales; Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Sistema Estatal de Educación Normal del Estado de Quintana Roo; Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de Quintana Roo; Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Quintana Roo; Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados; Ley de Fomento a la Lactancia Materna, y Ley de Entrega Recepción de los Poderes del Estado.
Entre las propuestas que fueron entregadas para su análisis y discusión, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo destaca la La Ley del Notariado, para evitar que se otorguen de manera discrecional, como ha sucedido en el Estado. Reforma al Código Penal del Estado, para evitar el uso de los programas sociales con tintes electorales. Dictamen de reforma a la Constitución Política del Estado para incorporar el sistema de Estado Abierto en todas las entidades públicas. Ley de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia.
Una petición que han efectuado los Ayuntamientos al Congreso en diversas ocasiones ha sido que se considere la publicación de sus acuerdos sin costo en el Periódico Oficial del Estado, tal y como se le da ese tratamiento a los poderes del Estado, y en esta ocasión nuevamente se les negó, aduciendo un destiempo de presentación de la propuesta, aun cuando se efectuaron modificaciones a la Ley del Periódico Oficial, una falta de voluntad de apoyo de los diputados hacia los Ayuntamientos.
El único municipio que presento dos iniciativas en este periodo fue Puerto Morelos, de las cuales una fue para la autorización de adquisición de obligaciones para conformar una Asociación Público Productiva para la creación de una Unidad de Servicios Administrativos del Municipio, y otra similar para la instalación de alumbrado público en el municipio. Situación que le ocasionará una gran carga financiera al municipio durante 20 años.
Para el primero de los casos, el monto a contratar es de 60 millones de pesos. En el segundo caso del alumbrado público el monto máximo es de 45 millones de pesos e igualmente por un periodo de 20 años. Sin estimar en ambos casos el monto final que le será cargado a las finanzas del municipio por estas obligaciones. Tampoco se establecen condicionantes para la elección de participantes en ambas asociaciones. Se aprobó por parte de 18 legisladores, de 19 asistentes a la sesión.
Con la información que se observó en este periodo podemos considerar que los diputados con un menor desempeño, considerando las inasistencias y quienes presentaron pocas iniciativas son: José Luis Toledo Medina (3), José de la Peña (1), Pedro E. Pérez Díaz (1), Erick Gustavo Miranda (1) e Iris Mora Vallejo (0).
CG