La alemana Regine Beatrix Roessler salió de casa el pasado 12 de junio; lo último que se supo de ella es que viajaría a Cancún, desde Isla Mujeres, donde decidió vivir, para comprar la despensa, pero no volvió más. Un sábado como cualquier otro y con cartera en mano, Regine, de 62 años, cruzó el mar para llegar a la Zona Continental de Isla Mujeres, donde, como siempre hacía, se abastecería de víveres.
Tres días después, su pareja sentimental y conocidos dieron parte a las autoridades sobre su desaparición. La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) activó el Protocolo Alba para buscarla. El folio 130/ ZN/2021 describía sus señas particulares: complexión delgada, tez blanca, cerca de 1.75 metros de altura y 56 kilogramos; tenía tatuado el delineado inferior de los ojos.
El boletín de búsqueda con su rostro se difundió por todos los medios con la esperanza de hallarla, aún con el vestido corto de color claro y zapatos negros, como sus seres queridos la vieron por última vez. Pero pasaron más de 40 días para que la FGE desactivara la alerta, con la leyenda ‘Localizada’ en color negro, que significa que, en efecto, fue encontrada, pero sin vida.
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De acuerdo con datos preliminares apuntan que a Beatrix Roessler no la encontraron las autoridades, sino fueron pescadores en Cabo Catoche; hace más de 10 días vieron su cuerpo flotar en el mar, a casi 60 kilómetros del lugar al que supuestamente se dirigía el día que desapareció, Puerto Juárez, Cancún.
Los trabajadores dieron aviso a las autoridades, para que el Servicio Médico Forense (Semefo) realizara las diligencias. El cadáver se encontraba en avanzado estado de putrefacción, lo que impidió reconocerla en primera instancia; tampoco, a simple vista, quedó clara la causa de la muerte. Fueron las pruebas de ADN las que determinaron la identidad de la víctima.
El caso de Roessler es el ejemplo más reciente de un sangriento conteo de feminicidios en Benito Juárez; el municipio se coloca en el tercer lugar a nivel nacional con el mayor número de incidencias. En este ranking quedó a sólo dos casos de igualar a Ciudad Juárez, epicentro histórico de los crímenes cometidos contra las mujeres en el país.
Con siete casos en el primer semestre del año, la demarcación quintanarroense se posicionó sólo después de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco, en Jalisco; Culiacán, Sinaloa, con 10 casos cada una y Juárez, Chihuahua con nueve, de acuerdo con cifras arrojadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Sin embargo, el polo turístico más importante del Caribe Mexicano no es el único municipio de Quintana Roo que aparece en el listado del SESNSP. Othón P. Blanco, que alberga a la capital estatal, si bien está en el sitio 40 entre los 100 municipios con la mayor incidencia de asesinatos por razones de género, triplica la tasa nacional por cada 100 mil habitantes, con 2.18.
De enero a junio de 2021, la entidad gobernada por Carlos Joaquín González registró 14 denuncias por feminicidios, cifra casi igual a los asesinatos de mujeres registrados durante 2020, 15, según consigna el SESNSP. Desde que este indicador comenzó a contar este delito, en 2015, experimentó un incremento de 75 por ciento, al pasar de ocho a 14 denuncias, sin contar los crímenes de este tipo pero que quedaron registrados en las carpetas de investigación como homicidios dolosos.
El aumento también se hace patente en los años que lleva la actual administración Estatal: 2017, el primer año con Carlos Joaquín en el poder hubo cuatro feminicidios, en 2018, ocho; 16 en 2019 y 15 entre 2020 y la primera mitad de este año 14 casos. Entre los casos emblemáticos, destaca el asesinato, a manos de policías municipales, de la salvadoreña Victoria Salazar, una inmigrante con estatus de refugiada en Tulum; vivía en ese municipio con sus dos hijas.
Llegó a este país para huir de la violencia de su tierra natal, donde era asediada por las pandillas. Pero la violencia y el abuso de poder, arraigados también en Quintana Roo, la alcanzaron. Su muerte causó la indignación de todo el país, del Gobierno de El Salvador y hasta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otras asociaciones de la talla de Amnistía Internacional.
Otro caso que dio la vuelta en los medios nacionales fue el feminicidio de la joven Alexis, de 20 años, hallada muerta y con signos de tortura en noviembre de 2020, después de que salió a vender un cigarro electrónico. Mujeres indignadas reclamaron justicia por el crimen frente al Ayuntamiento de Benito Juárez, donde fueron replegadas por policías, quienes dispararon para contener una marcha pacífica.
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Algunas afectadas de esta manifestación denunciaron que fueron golpeadas y abusadas sexualmente. Los policías que participaron en ese operativo fueron destituidos, incluso la Fiscalía General de Quintana Roo giró varias órdenes de aprehensión; sin embargo, ocho meses después de esa protesta ninguno está en la cárcel.
CG