Para contener una pandemia aún fuera de control, con más de 500 casos diarios en la última semana, la administración del Gobernador Carlos Joaquín González otorgó contratos que suman 765 millones 869 mil 287 pesos a empresas señaladas por vender medicamentos a sobreprecio y sancionadas por malas prácticas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Bajo el argumento de combatir el virus, la Secretaría de Salud, a cargo de Alejandra Aguirre Crespo, usó en tan sólo 15 meses, 18 por ciento del gasto total en el Sector Salud, asignado durante la administración de Joaquín González, que asciende a cuatro mil 313 millones 802 mil 771 pesos, de acuerdo con la base de datos elaborada en Por Esto! a partir de la información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
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En la repartición de los recursos para la atención de los pacientes contagiados de COVID-19, Vanessa Lizeth Vargas Flores es la proveedora que más dinero público recibió: 207 millones 105 mil 77 pesos a través de cinco contratos por adjudicación directa.
El perfil profesional de Vargas Flores está lejos del giro del Sector Salud, pues, de acuerdo con el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, su experiencia está encaminada a la actividad teatral.
En el segundo lugar de la lista de los proveedores que más dinero recibieron aparece Andrés Moctezuma González, propietario de la empresa Alab, quien a través de ocho contratos percibió 53 millones 352 mil 441 pesos.
En tanto, la Constructora Ilafer, que a su vez también fue subcontratada por José Luis Brizuela Guevara, mejor conocido como “El Venezolano” y esposo de Vanessa Lizeth Vargas Flores, obtuvo 44 millones 226 mil 142 pesos correspondiente al “servicio integral para la instalación de un módulo de atención móvil para atención de pacientes COVID-19”.
Por su parte, Dicipa recibió 38 millones 207 mil 74 pesos mediante tres contratos otorgados por adjudicación directa, a pesar de que el laboratorio clínico fue sancionado por la Comisión Federal de Competencia (Cofece) por coludirse en el llamado “Cártel de la Sangre” para repartirse las compras del Sector Salud del Gobierno Federal.
Fue contratada para proveer el servicio integral de pruebas automatizadas, así como para suministrar insumos y reactivos para la red de laboratorios clínicos de los hospitales integrales.
Mientras que la constructora Mac Tabasco fue contratada por un millón 692 mil 56 pesos por el Sector Salud de Quintana Roo para la adquisición de combustible para ventiladores.
De acuerdo con una investigación de Animal Político, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán fue calificado como el segundo “peor comprador por los elevados precios que ha pagado (en la compra de medicamentos); le compra a un único distribuidor: Medsur”.
Según la investigación periodística, la empresa ubicada en Mérida vendió en sobreprecio los medicamentos Capecitabina y el Gemcitabina.
Aun así, el Gobierno de Carlos Joaquín González le compró “medicamentos para el requerimiento de insumos para el plan de reconversión para la atención hospitalaria” por dos millones 151 mil 279 pesos.
Los Servicios Estatales de Salud en Quintana Roo firmaron 98 contratos por adjudicación directa -sin proporcionar la competencia entre las empresas para obtener los recursos públicos- que fueron otorgados a 42 proveedores locales, regionales y nacionales.
De acuerdo con los Artículos 19 y 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, se debe privilegiar la contratación de proveedores bajo el proceso de licitación pública. Sin embargo, ante la declaratoria de emergencia sanitaria, el Gobierno Estatal repartió la totalidad de los contratos sin competencia.
Según la información publicada en la PNT, los contratos relacionados con la atención de COVID-19 están fechados antes de la declaración formal de la contingencia sanitaria por el Gobierno Federal, el 30 de marzo de 2020, mientras que las contrataciones fueron fechadas durante el primer trimestre del año pasado.
De acuerdo con la PNT, la primera compra por COVID-19 realizada por los Servicios Estatales de Salud fue realizada a la empresa Profesionales de Renta de Equipo Médico por siete millones 166 mil 16 pesos para el arrendamiento de ventiladores para adultos, pediátricos y neonatales, así como la adquisición de circuito de paciente por la contingencia del COVID-19, con fecha entre el 1 de abril al 30 de junio de 2020.
No obstante, aparecen nueve contratos posteriores, también fechados durante el primer trimestre del año pasado.
Se trata de contrataciones a los siguientes proveedores: Andrés Moctezuma González, Elizabeth Mayo Bermúdez, Gama Medical Peninsular, Harley Daniel Soberanis Méndez, Mac Tabasco, Proveedora de Equipos Médicos Sustancias Biológicas y Reactivos, Soluciones Biomédicas Equipos y Reactivos y Vanessa Lizeth Vargas Flores.
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CG