La administración del Gobernador Carlos Joaquín González contrató a un proveedor fantasma para suministrar material desinfectante a los hospitales del estado.
Los Servicios Estatales de Salud (Sesa), a cargo de Alejandra Aguirre Crespo, contrataron a María Elida Pérez Palma, una proveedora boletinada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por realizar operaciones inexistentes.
En la actual administración de Joaquín González se le adjudicaron dos contratos a Pérez Palma, por un monto total de nueve millones 793 mil 327 pesos.
En 2018 Sesa adjudicó directamente el contrato SESA-DA-AD-016-2018 a Pérez Palma por dos millones 700 mil pesos por la “adquisición de material desinfectante (breffer) para las áreas hospitalarias de los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo”, de acuerdo con información consultada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Un año antes, en 2017, la dependencia estatal le pagó 33 facturas más a esa proveedora, por siete millones 93 mil 327 pesos, de acuerdo con la investigación “Facturas Falsas: La epidemia en el sector salud” realizada por las organizaciones civiles Impunidad Cero y Justicia Justa.
En lista negra
En junio de 2018 la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal del SAT notificó a través del oficio “500-04-00-00-00-2018-16985” a Pérez Palma de aparecer en la lista definitiva de empresas y empresarios que realizan operaciones inexistentes o emiten facturas falsas, en apego al primer párrafo del Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
“Las autoridades fiscales… detectaron que los contribuyetes señalados en dicho Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”, se señala en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 14 de enero de 2019.
En los primeros dos años de la administración a cargo de Joaquín González, los Servicios Estatales de Salud contrataron a seis empresas fantasmas más, de acuerdo con la investigación realizada por Impunidad Cero y Justicia Justa.
De 2017 a 2018 la dependencia dirigida por Crespo Aguirre emitió 58 facturas a Gozio, Imagen y Comunicación JRYG, Israel Escolastico Vázquez, Kasparovs Comercial, PRVS y Publicidad e Imagen del Sureste por un monto total de 11 millones 82 mil 525 pesos.
Sesa es una de las entidades del sector salud que a nivel nacional entregó más dinero público a proveedores fantasmas por más de 67 millones 253 mil pesos de 2014 a 2019.
La investigación “Facturas Falsas: La epidemia en el Sector Salud” señala que “las empresas fantasma se han convertido en el medio a través del cual entidades de gobierno, en colusión con particulares, han instrumentado el desvío de miles de millones de pesos del erario público”.
“Esto revela un sistema de corrupción en el Sector Salud a nivel nacional, a través del uso -y abuso- de las empresas fantasmas y las facturas falsas para el desvío de recursos públicos”, acusa.
Se trata de un sistema en el que se simula la venta de bienes o la prestación de servicios a las instituciones de Salud; son pagados con recursos públicos, cuyos actos permanecen en la impunidad por la complicidad de las autoridades.
Cliente también en Chihuahua
El Sector Salud del Gobierno de Chihuahua también contrató los servicios la proveedora boletinada por el SAT.
De acuerdo con Impunidad Cero y Justicia Justa, el Instituto Chihuahuense de Salud y los Servicios de Salud de Chihuahua le pagaron 41 millones 67 mil 966 pesos de 2015 a 2017 a través de mil 102 facturas.
En 2017 la Auditoría Superior del estado de Chihuahua, en su Informe Técnico de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, reveló que el Instituto Chihuahuense de Salud incurrió en una violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del estado por adjudicar de forma directa un contrato a Pérez Palma.
“El Instituto no justificó ni hizo válida excepción alguna para la adjudicación del contrato de subrogación de medicamentos a María Elida Pérez Palma por medio de su comité de adquisiciones, departamento jurídico o áreas administrativas para el pago de servicios, lo cual resulta improcedente en cuanto al procedimiento de adjudicación directa que siguió el Ente para tal”, se señala en el Informe.
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“…Debió llevar a cabo un procedimiento de licitación pública, ya que estos recursos fueron ejercidos sin asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, ya que rebasa los montos establecidos para una adjudicación directa por lo que violenta lo establecido en los Artículos 31 y 33 de la Ley de Adquisiciones….”, apunta.
Por lo que, el órgano fiscalizador presumió daños y perjuicios a la Hacienda pública.
GH