El gobernador Carlos Joaquín propuso al Congreso crear una 'Supersecretaría de Finanzas' que controle todas las dependencias del Poder Ejecutivo y formalizar la fusión de ésta con la Oficialía Mayor, cuando el acto había sido consumado prácticamente desde hace un año.
El 9 de julio de 2020, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) absorbió las facultades y atribuciones de la Oficialía Mayor, mediante una publicación en el Periódico Oficial del Estado, en la que el gobernador Carlos Joaquín González instruye a la titular de la dependencia, Yohanet Torres Muñoz, recibir los recursos humanos, financieros, materiales y demás que tenía a cargo el hasta ese entonces encargado de la Oficialía Mayor, Manuel Alamilla Ceballos.
La modificación tenía como argumento “el fortalecimiento de la Secretaría de Finanzas y Planeación para la simplificación de la Administración Pública Centralizada del Estado, a través del traslado de los asuntos que corresponden a la Oficialía Mayor”.
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En el acuerdo se instruyó a la Secretaría de Gobierno incluir en la agenda de iniciativas que serían presentadas al Poder Legislativo, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para dar cumplimiento a dicho acuerdo e instruye al titular de la Consejería Jurídica a trabajar dichas iniciativas con proyecto de decreto.
Para entonces, el Gobernador designó a Yohanet Torres como encargada del despacho de la Oficialía Mayor con el objetivo de simplificar tareas administrativas y le dio “las gracias” a Manuel Alamilla, quien enfrentó constantes cuestionamientos en el área por compras, licitaciones y contratos.
La fusión de la Oficialía Mayor y Secretaría de Finanzas se consideró como una violación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y la Ley Orgánica del Poder Legislativo al desaparecer una dependencia sin la aprobación del Congreso del Estado.
Consumado el acto, el Ejecutivo estatal entregó el 11 de mayo pasado una iniciativa con proyecto de derecho para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, así como de otras 16 leyes que se ven impactadas por esta reforma para que la Secretaría de Finanzas y Planeación se fusione, absorbiendo las atribuciones de la Oficialía Mayor del Estado.
Con la reforma, la Sefiplan adquiriría la atribución de emitir normas y lineamientos que permitan la desconcentración de sistemas y procedimientos de las dependencias y entidades de la administración pública, “asegurando su adecuado control bajo los criterios de austeridad, racionalidad y transparencia en la administración del gasto corriente”.
También se encargaría de regular y contratar al personal de la Administración Pública del Estado, así como tramitar los nombramientos, promociones, licencias, jubilaciones y pensiones.
Asimismo, normaría y controlaría los procesos de proveeduría de los bienes y servicios que requiera la administración pública para el cumplimiento de objetivos. Asimismo podrá designar y remover a las personas titulares responsables de la áreas administrativas de las dependencias y entidades paraestatales.
La Sefiplan podrá requerir a las dependencias y entidades paraestatales todo tipo de colaboración, informes o documentos, cuando la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo resulte necesario.
Otra de las facultades que adquiriría sería el poder de fomentar la construcción y comercialización de lotes con servicios y predios que administre, por lo que podría venderlos, permutarlos o trasladarlos.
De tal manera, el control financiero por iniciativa de Carlos Joaquín González, a un año de concluir su administración, recaerá en Yonahet Torres Muñoz, que para este año como titular de Sefiplan ya contaba con el manejo presupuestal de 733.8 millones; además de ser la encargada de despacho de la Oficialía Mayor, con un presupuesto de 312.6 millones.
Cuestionan iniciativa
La propuesta del gobernador se mantiene en poder de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, cuyo presidente, el petista Roberto Erales, emitió una solicitud de mayor información a su promovente.
“Se solicitó mayor información al Ejecutivo, como es el caso del diagnóstico en el que se sustentó dicha fusión, ya que fue realizada varios meses antes de reformar la Ley Orgánica, hecho consumado que está por encima de la ley”, señaló el diputado en su cuenta de Facebook, en junio pasado.
En su exposición de motivos, Erales Jiménez resaltó: “Quiero ser muy claro, no es una iniciativa que surja de la Legislatura; los diputados no vamos a ser responsables de avalar situaciones que le dan demasiado poder a una secretaría y desaparecemos una Oficialía Mayor”.
Al respecto, la abogada Fabiola Cortés Miranda, presidenta de la asociación Somos Tus Ojos, consideró que en la iniciativa no hay claridad de la justificación para desmantelar la Oficialía Mayor del Estado de Quintana Roo.
Comentó que, en el proyecto no existe nada que lo justifique más allá de la retórica de hacer una gestión más eficiente y eficaz, sin exponer realmente los ahorros que implica esta denominada simplificación administrativa.
“No dice cuánto se ahorrará con la absorción de la Oficialía Mayor y lo único que dice el decreto es que habrá un ahorro en papelería.
“Hay mucho que indagar porque la reforma es muy amplia, entonces toca revisar cada una de las leyes que rigen a las secretarías y demás entes de gobierno, hay cosas bien interesantes pero que requieren un análisis profundo”, dijo la presidenta de la asociación Somos Tus Ojos.
Sobre la posibilidad que fuera una acción para proteger supuestas irregularidades cometidas por quien ocupó el cargo de titular de la Oficialía Mayor durante la presente administración, Manuel Alamilla Ceballos, dijo que, legalmente no podría evadir procedimientos en su contra siendo que, con la desaparición de la dependencia no se extingue su responsabilidad.
CG