Más de 200 hectáreas de selva y manglar han sido devastadas en Mahahual y la Costa Maya, por un grupo de al menos 500 invasores que desde hace dos años se establecieron en los alrededores del asentamiento irregular conocido como Kilómetro 55 y que actualmente se ha extendido hacia otras zonas de la misma Costa Maya, obligando a los propietarios y empresarios, a formar incluso grupos de autodefensas empleando militares retirados, para proteger su patrimonio.
Uno de los agraviados, el empresario Juan Ortega ha documentado desde hace 10 años, el avance de las invasiones que al día de hoy, se encuentran asentadas en poco más de 200 hectáreas de costa y selva. Tan sólo a él, lo han despojado de más de 20 hectáreas, que a pesar de haber iniciado un procedimiento ante las autoridades locales, no ha podido recuperar.
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Modus Operandi
Los invasores mantienen un modo de operación en el que, acuden a la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial para solicitar una orden de ocupación sobre supuestos terrenos nacionales; la dependencia está obligada a admitir la solicitud, aunque con posterioridad le sea negada la ocupación a los invasores cuando se detecta que los terrenos no pertenecen ni a la nación, ni al Gobierno Estatal ni Federal.
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Con ese documento- la solicitud de ocupación- evitan ser desalojados por Policías Estatales, Municipales y hasta Ministeriales, puesto que existe un documento que, en teoría, avala la ocupación, aunque hasta ese momento las autoridades policiales desconocen si es o no procedente la misma.
Una vez invadido el predio, lotifican y lo venden, aunque el comprador final no va a tener certeza de su propiedad, pues el predio ya cuenta con un dueño legal, al no tratarse de terrenos nacionales, si no privados.
Los predios en la invasión de Mahahual son vendidos a través de un enganche de entre 20 y 30 mil pesos, dinero que se quedan los líderes, quienes también fijan un pago mensual a los invasores, lo que permite que éstos- los líderes- sigan obteniendo dinero de manera constante para financiar nuevas invasiones en la zona.
Este problema ha generado que los predios en esa zona de Mahahual se devalúen, pues de pasar a cotizarse el metro cuadrado en 10 dólares, ahora se están vendiendo de manera legal a dos dólares por metro.“Los propietarios prefieren rematar su propiedad a perderla de manera definitiva a través de una invasión” explicó Ortega.
Los empresarios y habitantes de Mahahual se han unido para crear un comité en el que participan 50 propietarios, quienes han sostenido reuniones con el Secretario de Gobierno, Arturo Contreras, el Fiscal General de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales e incluso el Senador por Quintana Roo, José Luis Pech Varguez, pero sólo éste último les ha apoyado como enlace con autoridades para buscar una solución al problema.
Juan Carlos Ortega, explicó que muchos de los propietarios y empresarios han dado por perdidos sus predios aunque aún se encuentran en litigio, por lo que ahora sólo les queda proteger lo poco que les queda y lo han hecho con la contratación de militares retirados, para que puedan proteger sus terrenos, pues tienen permiso de portación de armas. Sin embargo, no podrán sostener esta situación durante mucho tiempo, pues incluso los propietarios legales se encuentran bajo amenaza de los invasores que actúan como un grupo de delincuencia organizada, por lo que han tenido que huir del propio destino.
Daños ambientales en Mahahual
La invasión que inició en los alrededores de lo que se conoce como Kilómetro 55, también ha provocado severos daños al medio ambiente, pues las más de 500 personas asentadas en la zona carecen de cualquier tipo de drenaje sanitario, por lo que todos los desechos, van directo a los mantos freáticos.
Sin embargo, el daño más evidente a corto plazo, es la devastación de hectáreas de árboles protegidos como la Palma de Chiit o el Mangle en sus diferentes variedades, las cuales han sido retiradas para dar paso a palapas y campamentos dónde viven los invasores.
Aunque de estos hechos, también existen denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha intervenido.
Para Juan Ortega, se trata de una complicidad tácita, pues para los empresarios y propietarios, son inspeccionados de manera rigurosa e incluso les imponen multas si en las construcciones resultan dañadas algún tipo de especie protegida, los invasores no sólo no son investigados, si no también se les permite que continúen extendiéndose sin importarles la cantidad que mangle o selva que logren devastar.
El estado no les ha brindado una solución, por lo que esperan que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pueda al menos, evitar que la invasión se extienda.
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CG