El abogado penalista Raúl Ojeda manifestó que la demanda de la extitular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Paula González Cetina, contra el Gobierno del Estado, autoridades del Poder Judicial y Fiscalía Anticorrupción, es resultado de una “cacería de brujas” sin la correcta integración de expedientes.
“En primera, el tiempo ya había pasado, no eran los que debieron de involucrar y al que se quería perjudicar era al exgobernador (Roberto Borge)”, dijo el litigante, quien manifestó que esta demanda es un precedente para que se desencadenen más procesos de los funcionarios que se sintieron afectados en su patrimonio y moralmente.
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Y es que la administración de Carlos Joaquín González inició procesos penales contra 15 integrantes del gabinete anterior, pero estos libraron la cárcel por prescripción de delitos, amparos y por reparación del daño.
A la fecha son cuatro los exfuncionarios borgistas que llevan su proceso en libertad, dos que han sido absueltos y nueve que quedaron libres por prescripción del delito o resarcimiento de los daños. Fue el 5 de mayo del 2017 cuando inició la “persecución” contra funcionarios de la pasada administración estatal por el delito de peculado y daño a las finanzas del estado.
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“Este Gobierno llegó con toda la confianza de la ciudadanía, al prometer un cambio, pero resulta que empezó la ‘cacería de brujas’, no con quien la debía sino quien la podía pagar”, dijo el abogado Raúl Ojeda, al señalar, además, que “todas la denuncias se hicieron mal, a pesar de pasar por la Consejería Jurídica, encabezada por la hoy alcaldesa electa de Solidaridad, Lili Campos, y por los abogados del gobernador”.
El entrevistado comentó que en las leyes no hay un “todopoderoso”, sino que en las cuestiones de derecho primero se tiene que ver la justicia.
“Fue una auténtica 'cacería de brujas' sin razón y era emocionante para los medios de comunicación ver cómo estaban persiguiendo a todos los exfuncionarios que replicaban la información cuando lo justo y legal no se estaba llevando a cabo”, agregó.
De esta manera, consideró, así como el caso de Paula González, de la CAPA, los que fueron perjudicados tienen derecho de demandar al Gobierno de Quintana Roo, para que sean resarcidos sus derechos, patrimonio, y el daño moral.
El experto estimó que las reparaciones del daño moral son millonarias, por el número de personas a quienes llegó información haciendo culpables a personas que después fueron absueltas.
Raúl Ojeda estimó que el Gobierno del Estado puede terminar, incluso, pidiendo disculpas públicas, aunque por los procesos legales tal vez no le toque al gobernador actual.
Una larga lista
El primer exfuncionario de la era Borge en ser detenido fue Mauricio Rodríguez Marrufo (mayo de 2017), titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), por el presunto desempeño irregular de la función pública y daño patrimonial por 39 millones de pesos; tras pagar la reparación de daños, obtuvo su libertad.
Paulina García Achach, tras desempeñarse como subsecretaria de la Seduvi, fue aprehendida el 8 de mayo del 2017, acusada de desempeño irregular de la función pública. Tras conseguir varios amparos, el 7 de marzo de 2019 fue absuelta, luego de que un juez de control dictó el sobreseimiento de su carpeta de investigación, al no encontrar elementos para inculparla.
El exdirector de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA (Saesa), Carlos Acosta Gutiérrez, fue detenido en Chetumal el 4 de julio de 2017, por el delito de desempeño irregular de la función pública, según una denuncia interpuesta y abierta en el expediente 151/2017. Sin embargo, el 1 de febrero de 2019 fue absuelto, luego de que el juez sexto de distrito determinó la prescripción de la acción penal, al considerar que es un delito de naturaleza instantánea, no continuado.
El 3 de septiembre de 2017 fue detenido Víctor Hugo Loyola Corona, exprocurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, acusado de desempeño irregular de la función pública, como parte del caso VIP Saesa, pero quedó en libertad tras quedar sin efecto su vinculación a proceso por orden del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
El 27 de noviembre de 2017, el exdirector general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Roosevelt Ercé Barrón Barrera, fue detenido por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desempeño irregular de la función pública, pero fue puesto en libertad y abandonó el Centro de Reinserción Social de Chetumal (Cereso) el 18 de enero de 2018, luego de que un juez federal resolvió que la FGE violó una suspensión definitiva decretada en un juicio de amparo que protegía al exfuncionario al momento de su detención.
Ana Alicia Rivera Galera, exdirectora de recursos financieros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) fue capturada el 28 de noviembre de 2017. Se le acusó del delito de peculado. No obstante, obtuvo el resguardo domiciliario en abril de 2018 y, mediante amparo, fue puesta en libertad el 17 de febrero de 2020, luego de que un Tribunal Colegiado de Distrito revocó el auto de vinculación a proceso.
El 3 de enero de 2018 fue detenida Paula González Cetina, exdirectora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), por peculado y mal uso de los recursos públicos. El 15 de febrero de 2019 se le declaró culpable del delito de peculado, por mil 55 millones de pesos y se le impuso una pena de tres años con 11 meses de prisión.
Sin embargo, el 25 de junio del 2020, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito le concedió un amparo directo, ordenando que se deje insubsistente la sentencia dictada y emita una nueva resolución del caso, por lo que obtuvo su libertad y abandonó la prisión domiciliaria.
González Cetina ganó el amparo, toda vez que no se configuró el delito de peculado, ya que el dinero que presuntamente desvió quedó siempre en las arcas del Gobierno del Estado.
El 20 de enero de 2018, fue capturado Gabriel Mendicuti Loría, exsecretario de Gobierno, al cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra por el delito de desempeño irregular de la función pública, en agravio al patrimonio del estado y daño por 534 millones de pesos.
El exsecretario de Gobierno se vio involucrado en el caso VIP Saesa, fue vinculado a proceso y se le decretó prisión preventiva justificada; sin embargo, el 19 de febrero de 2019 obtuvo su libertad inmediata, luego de que un juez de control otorgó el sobreseimiento de su caso. Durante el pasado proceso electoral participó como candidato a la presidencia municipal de Solidaridad, postulado por Fuerza por México.
El 25 de enero del 2018 fue aprehendido, en la Ciudad de México, Mauricio Góngora Escalante, exsecretario de Finanzas y expresidente municipal de Solidaridad. Al también excandidato a la gubernatura por el PRI durante la contienda electoral en la que Carlos Joaquín González se alzó con la victoria, se le imputaron los delitos de desempeño irregular de la función pública, peculado por el supuesto desvío de 155 millones de pesos, se le señaló de presuntamente endeudar al municipio de Solidaridad por 594 millones de pesos y también se le involucró en el caso VIP Saesa, aunque de este último ya quedó libre de toda acusación.
Mauricio Góngora es de los pocos exfuncionarios de la pasada administración que aún sigue su proceso, aunque ahora lo hace en libertad, luego de que el 8 de agosto de 2020 obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y fue enviado a su casa.
El 18 de agosto del 2018, Mario Castro Basto, exsecretario de Infraestructura y Transporte, fue aprehendido por peculado. No obstante, salió libre el 13 de diciembre de 2018 por orden de un juez federal, quien determinó que el delito del que se le acusaba había prescrito.
El 20 de febrero del 2019 fue detenido, en Belice, Gonzalo Herrera Castillo, extitular de la entonces Secretaría de la Gestión Pública de Quintana Roo, por estar involucrado en el caso VIP Saesa. No obstante, el exsecretario de la Gestión Pública tiene la ciudadanía beliceña y no puede ser deportado. Su defensa ha solicitado a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (Feccqroo), a cargo de Rosaura Villanueva Arzápalo, que cancele la orden de aprehensión contra su cliente, debido a que el delito del que se le acusa ya está prescrito.
El 22 de febrero de 2020 fue detenido en Chetumal Raúl Labastida Mendoza, exconsejero jurídico del Gobierno de Roberto Borge, acusado y vinculado a proceso por el delito de peculado por 187 mil 900 pesos. Sin embargo, 24 horas después logró librar la cárcel, luego de que un juez de control le impuso el embargo de un vehículo, el 75 por ciento de las acciones de la empresa Sociedad Mercantil Industrializadora Maderera de Quintana Roo, además de tener que presentarse a firmar cada día 15 y 30 de cada mes durante dos años.
El pasado 19 de marzo del 2020, se vinculó a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública a Jorge Eugenio Acevedo Marín y a Gerardo Vázquez Handall, exdirector general y exdirector administrativo del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), respectivamente.
Los exfuncionarios están implicados en la “estafa maestra”, están acusados por un daño al patrimonio de 743 millones 804 mil 052 pesos y 68 centavos, recurso que proviene de la Federación; sin embargo, llevan su proceso en libertad con medidas cautelares, como la aplicación de localizador electrónico, prohibición de salir del país y la obligación de presentarse cada mes ante la autoridad correspondiente.
El 11 de agosto de 2020 fue detenido José Alejandro Marrufo Roldán, exsecretario de Finanzas, por el delito de peculado. No obstante, el extesorero de la administración de Roberto Borge quedó en libertad a menos de 24 horas de haber sido aprehendido, porque su detención fue ilegal, toda vez que gozaba de un amparo federal.
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Lo anterior representa un nuevo revés para la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, pues los fiscales anticorrupción solicitaron una nueva orden de aprehensión, pero les fue negada, aunque esto no le exime del proceso que enfrenta por el supuesto delito antes mencionado.
CGEs