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La inversión privada, determinante en el principal motor de la economía de Quintana Roo, el turismo, considera que la corrupción se elevó al menos 4 por ciento durante el Gobierno de Carlos Joaquín, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impactó Gubernamental en Empresas (ENCRIGE-2020), que destaca que esta percepción en la Entidad es de 84.4 por ciento.
La estadística coloca al estado en el top 10 a nivel nacional, sólo detrás del Estado de México, Tabasco, CDMX, Puebla y Sonora, con una percepción de 94.7, 90.9, 88.3, 87.5 y 85 por ciento respectivamente. Después de Quintana Roo se posiciona Yucatán, con 83.8; San Luis Potosí, con 83.1; Tlaxcala, con 82.5 y Sinaloa, con 82.4 por ciento, respectivamente.
En 2016, la entidad gobernada por Joaquín González registró un porcentaje de 80.5 en este indicador.
De acuerdo con los empresarios encuestados, la principal causa para incurrir en actos de corrupción fue la agilización de trámites relacionados con la apertura o funcionamiento de sus negocios.
En un recorrido por establecimientos de la avenida Tulum, en Cancún, dueños dijeron a Por Esto!, que se enfrentan a largos trámites tanto del Ayuntamiento como del Gobierno del Estado sólo para operar y aunque oficialmente un permiso se gestiona en no más de 20 días hábiles, a veces se prolonga hasta mes y medio, por lo que a veces la opción es apelar al soborno.
Tal es el caso de dos establecimientos ubicados en avenida Tulum, los cuales se enfrentaron a largos trámites que pide el Ayuntamiento de Benito Juárez para operar y aunque oficialmente un permiso está en 20 días hábiles, esto se prolongó hasta mes y medio.
“Cuando abrimos aquí hace dos años, fue muy difícil operar, pues los trámites eran muy engorrosos y sobre todo caros, dimos muchas vueltas al Ayuntamiento para meter los papeles, y a nosotros ya nos urgía abrir porque la renta del local ya estaba corriendo”, dijo Raúl Ortiz, encargado de Mi Pueblito.
Por su parte, Yuliana Morales del Cantón Toluqueño aseguró que las autoridades muchas veces les dan vueltas para conseguir sacarles más dinero, ante la desesperación de la inversión que ya se hizo para abrir un nuevo negocio y la premura de hacer la inauguración.
“Nos parece que las autoridades a veces buscan que demos la “mordida” para agilizar los trámites, porque aunque presentes tus papeles en regla, muchas veces te dicen que te falta tal cosa o se retrasó tu trámite por razones que no son justificadas”, aseguró en entrevista con Por Esto!
Ante el incremento de la percepción de corrupción, el número de víctimas también aumentó en el Gobierno de Joaquín González, al pasar de dos mil 77 por cada 10 mil empresas en 2016 a dos mil 467 por cada 10 mil unidades económicas en 2020, de acuerdo con la ENCRIGE.
Sin embargo, la tasa de incidencia de corrupción disminuyó en los últimos cuatro años. En la Entidad se cometieron 25 mil 963 actos de corrupción por cada 10 mil unidades económicas en 2016, mientras que se registraron 22 mil 138 actos de corrupción por cada 10 mil unidades en 2020.
En México, el mayor número de denuncias realizadas por las víctimas se concentran en las grandes empresas, principalmente en las dedicadas al comercio.
“A nivel nacional, los costos para las unidades económicas derivados de incurrir en actos de corrupción se estiman en 887 millones de pesos durante 2020. El costo promedio de la corrupción por unidad económica durante 2020 fue de siete mil 419 pesos”, detalla la ENCRIGE 2020.
De acuerdo con la Encuesta, el costo estimado de la corrupción de las micro empresas asciende a cinco mil 357 pesos; en la pequeña, 23 mil 570 pesos; en la mediana, 92 mil 964 pesos; y en la grande, 82 mil 116 pesos.
A nivel nacional, se soborna más a las autoridades de Seguridad Pública, en el inicio y seguimiento de averiguaciones previas ante el Ministerio Público, en los trámites de apertura de empresas, y en los juicios labores o mercantiles.
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CG