Quintana Roo no cuenta con una Fiscalía Especializada para la Desaparición Forzada de Personas, ni una Fiscalía en Delitos Contra la Tortura, pues los marcos normativos sobre estos dominios sólo presentan un avance de 52 por ciento para el primero y de 37.4 por ciento para el segundo, de acuerdo con el Informe 'Situacional de los Derechos Humanos 2021: Una Realidad Estatal', elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Siguiendo el informe, entre 2015 y 2020 se abrieron 159 expedientes en contra de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y corporaciones de seguridad pública, acusados de torturar a testigos y a sospechosos.
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Durante el primer semestre de 2021 de acuerdo con datos de la Comisión de Búsqueda de Personas en Quintana Roo, se realizaron 389 acciones para localizar a desaparecidos, de los cuales en 308 se logró dar con el paradero de las víctimas; sin embargo, faltan 81 por localizar.
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Respecto a los crímenes atroces, Quintana Roo es el estado con el índice más alto de esta modalidad en la Península de Yucatán, de acuerdo con datos de la organización civil, Causa en Común.
Y es que durante el primer semestre de 2021 ocurrieron 135 delitos de este tipo, siendo la mutilación, el descuartizamiento y la destrucción de cadáveres los métodos más recurrentes con 38, le siguen los casos de tortura con 24 y el asesinato de mujeres con crueldad extrema con 16.
El caso más sonado que se suscitó en el estado fue el de la salvadoreña Victoria Salazar, quien fue asesinada el 28 de marzo de 2021; la madre de dos hijas fue arrestada por cuatro policías, quienes la sometieron hasta causarle la muerte.
En Cancún, el pasado 9 de septiembre fue encontrado un cuerpo desmembrado, en la Supermanzana 21 el cual estaba dentro de una bolsa negra y tenía un mensaje amenazador.
Otro cuerpo desmembrado fue hallado en el municipio de Tulum el 14 de septiembre; en la cabeza de la víctima le colocaron en un sombrero de charro, además, dejaron un mensaje intimidatorio.
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CG