El Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, reservó por cinco años los contratos de compra y arrendamiento de patrullas suscritos durante su administración. También clasificó, como información reservada, el número de policías asignados a las tareas de seguridad pública y el grado de escolaridad que poseen, así como la cantidad de funcionarios con escolta y el gasto en armas.
Durante la administración de Joaquín González, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Lucio Hernández Gutiérrez, elaboró 11 expedientes para catalogar información como reservada, por tres, cuatro y cinco años.
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Según el Índice de Expedientes Clasificados, en 2018 se realizó el mayor número de resguardos de información, al contabilizar ocho, cuyos datos se divulgarán a partir de este año.
En tanto, en 2020 y 2021 se generaron dos expedientes más, por cinco años cada uno.
En febrero de 2018, la SSP se negó a difundir el número policías adscritos a las tareas de seguridad pública y su grado de escolaridad y decidió clasificar la información como reservada por cinco años, por lo que estos datos sólo podrán conocerse después de concluir la administración del Gobernador, en febrero de 2023.
Durante el actual gobierno, dicha información se ha solicitado en cinco ocasiones, con resultado negativo.
La dependencia pública justificó que, “al dar a conocer el estado de fuerza de la Policía Estatal Preventiva se estaría en desventaja ante la delincuencia organizada… por lo que las personas con intenciones delictivas podrían alterar la operatividad de la corporación; motivo por el cual, no se puede proporcionar”.
En mayo de 2018, a través de otra solicitud de información, se pidió el número de funcionarios públicos con asignación de escoltas y personal de ayudantía; la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo blindó la información por cuatro años.
La reserva de ley se justificó así: “…representaría una tentadora oportunidad para el crimen organizado, ya que les permitirían estar en condiciones de bloquear las vías generales de comunicación con objeto de impedir el acceso o salida del Gobernador del Estado y funcionarios públicos de los recintos oficiales y, una vez materializado este hecho, neutralizar o rebasar en número y con su acción a la fuerza desplegada en el dispositivo o irrumpir en las instalaciones y apoderarse de las mismas”.
También se pidió el número de policías asignados a proteger la vida de personas dedicadas a actividades particulares, pero nuevamente la dependencia a cargo de Hernández Gutiérrez la negó, por lo que se sabrá hasta mayo de 2022.
Luego de una solicitud de información, en junio de 2021 la SSP decidió archivar los expedientes completos de los contratos de compra o arrendamiento de patrullas.
Dichos documentos serán desclasificados en cinco años, por lo que sólo podrá conocerse cuatro años después de concluida esta administración, en junio de 2026.
La dependencia pública justificó la reserva ante el riesgo de clonación de los vehículos. "Al proporcionar las características técnicas del equipamiento de los vehículos patrullas con los que cuenta la SSP dejaría al alcance de la delincuencia organizada información que vulneraría la capacidad de respuesta de la policía y con ello la seguridad del Estado”, relacionó.
“…abre la posibilidad de que los mismos sean clonados, como ocurrió en el caso de la patrulla clonada que se detectó circulando por las calles del Estado de México”, aludió.
Lo mismo sucederá con las bitácoras de vuelo de las aeronaves administradas por el Gobierno de Quintana Roo, que fueron reservadas hasta mayo de 2025.
A través de la solicitud de información, con folio 00118518, en febrero de 2018, la Comisión de la Policía Estatal reservó por cinco años la información relacionada con el número de armas, tipo, nombre del proveedor y el costo, que ha comprado la SSP. Dicha información será difundida en febrero de 2023.
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CG