El aumento de las privaciones ilegales de la libertad en Quintana Roo se disparó en el último trienio, producto de la falta de estrategias de seguridad por parte de las autoridades, así lo reveló el informe más reciente de la ONG, Alto al Secuestro.
La entidad tuvo un aumento de 68.1 por ciento de privaciones de la libertad denunciadas, pues mientras de enero a noviembre de 2020 se registraron 22, en el mismo periodo de 2021 hubo 37, casi cuatro por mes.
La asociación civil presidida por Isabel Miranda de Wallace, documentó que el Estado se encuentra entre los cuatro con mayor incremento del país en este delito, sólo por detrás de Baja California, con 169.2 por ciento; Sinaloa, 161.5; y Sonora, 68.4.
Sin embargo, en el acumulado de diciembre de 2018 a noviembre del año pasado, Quintana Roo tuvo 101 registros, mientras que las Entidades referidas reportaron 72, 66 y 86, respectivamente.
En 2020 hubo tres meses con cuatro secuestros, es decir, uno por semana; para 2021, esta cifra se duplicó y fueron seis meses en los que se dio esta situación, dejando entrever que la mitad del año se privó de la libertad a una persona por semana.
Otro punto a destacar es que mientras en octubre de 2020 no se registró ningún hecho, esta situación no se repitió el año siguiente, ya que en 2021 todos los meses hubo, al menos, dos de ellos.
De los 101 casos de secuestro documentados por la ONG en Quintana Roo, el municipio de Benito Juárez tiene 67 por ciento de los casos, seguido de Othón P. Blanco, con 14; y Solidaridad, con ocho.
Cancún no sólo tiene el número más alto en el Estado, sino que lidera las privaciones de la libertad en el país, superando a municipios violentos como Acapulco, que tuvo 38 casos; Reynosa, 56; Juárez, 52; Iztapalapa, 49; y Tijuana, con 44.
Marina forma parte de las 101 víctimas de Benito Juárez, quien se acercó a los colectivos feministas del municipio para recibir ayuda psicológica y legal luego de que estuviera privada de la libertad durante dos meses, en un caso que sigue sin esclarecerse.
“Ocurrió a finales de 2018, cuando un día, caminando por una zona irregular, un coche se acercó y me robó. En ese entonces yo tenía 18 años. El caso no se hizo de conocimiento público, porque mis padres creían que se trataba de uno de mis familiares, con quien mi mamá tuvo problemas”, aseguró en entrevista para Por Esto!
Aunque sus progenitores interpusieron la demanda correspondiente, después de tres años no hay avances en su situación, por lo que tras el hecho, tuvo que cambiar de residencia.
“Aún cierro los ojos y recuerdo todo lo que viví. La angustia de no poder ver la luz ni saber si regresaría a casa con mi familia. Hubo irregularidades en el proceso, porque pedimos se investigaran a ciertas personas, ya que la voz de uno de mis raptores se me hacía conocida, pero nunca lo confirmaron”, concluyó.
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CG