Ayer, el Consejo Ciudadano de Chetumal (CCC)presentó la convocatoria para la entrega de la medalla al mérito civilEusebio Azueta Villanueva. En el marco anunciaron que de nueva cuenta presentarán una iniciativa para exigir residencia de 10 años a los funcionarios estatales, propuesta que no les interesó a los Diputados de la pasada XVI Legislatura.
Explicaron que es lamentable que se hayan declarado desiertas todas las convocatorias para la entrega de las medallas, lo que indica que los integrantes de la XVII Legislatura no conocen a los quintanarroenses.
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“En el caso de la medalla al méritoMaría Cristina Sangri Aguilar, los Legisladores la declararon desierta; “eso no vuelve a la necesidad de establecer un mecanismo de residencia para que, los diputados también conozcan a los quintanarroenses”, señaló Maritza Medina Díaz, integrante de el asociación.
La medalla al mérito civil reconoce a quien realiza acciones en favor de la ciudadanía, las bases para nominar a los candidatos se encuentran publicadas en las redes sociales del Consejo Ciudadano por Chetumal A.C.
Eduardo Aguilar lamentó la falta de interés de la XVI Legislatura por abanderar esta causa que lo único que busca es restablecer el estado inicial de la constitución local, que pedía una residencia de 10 años para acceder a un cargo público.
“No se trata de nativismo, no es que queramos que sólo los quintanarroenses puedan acceder a estos puestos, sino que cumplan con un requisito de vecindad y de residencia mínimo de 10 años”, dijo.
Señaló que las personas con residencia, quienes ya tienen asentados sus intereses económicos y familia en la Entidad buscarán el beneficio, las necesidades y las costumbres de los habitantes, contrario a varios funcionarios que recién llegan al Estado para ocupar un puesto.
La iniciativa de residencia anterior, fue presentada el 17 de noviembre del 2020, haciendo uso del derecho de la prerrogativa de iniciativa ciudadana, previsto por en el artículo 67 fracción IV de la Constitución del Estado de Quintana Roo, cuyos requisitos se establecieron en la Ley de Participación Ciudadana.
En ella se pedía que todos los servidores y funcionarios públicos de los tres poderes, Ayuntamientos y Órganos AutónomosConstitucionales del Estado de Quintana Roo, contaran con una residencia temporal acreditable de mínimo 10 años, por lo que se solicitó la modificación del artículo 95 fracción I y la adición de la fracción VI y el corrimiento de las fracciones VI y VII actual del artículo 165 de la Constitución.
Desde esa fecha y hasta el 16 de mayo del 2021, la entonces Diputada Presidenta de la Comisión Anticorrupción y Órganos Públicos Autónomos, Reyna Arely Duran Ovando, sólo jugó con los integrantes del comité, citándolos a reuniones que nunca se llevaron a cabo y realizando simulaciones de gestiones.
El 16 de mayo de 2021, los integrantes recibieron una invitación urgente, en la que se realizaría una actividad denominada Parlamento Abierto, limitando la participación a cinco personas de la asociación, pero de nueva cuenta no dieron respuesta a su petición.
El 18 de mayo de 2021 presentaron el juicio de garantías, al cual le recayó en el número 316/2021 del Juzgado Primero de Distrito, recentándose la queja, por la omisión de emitir, dentro de los siguientes cinco días a que fuera turnada a la comisión, el dictamen de la iniciativa con número de folio 0346.
Sin embargo, el 29 de mayo de 2022 el Juez Primero de Distrito decidió no resolver la cuestión planteada, y decretar el sobreseimiento porque los diputados señalaron que no les fue turnada a su comisión para su estudio.
Ante este panorama los integrantes de la asociación buscan “refrescar la iniciativa” y posteriormente ingresarla de nueva cuenta a la XVII Legislatura, con la finalidad que sea analizada por los legisladores.
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NR