Habitantes de las comunidades de Kuchumatán, Maya Balam y San Isidro la Laguna podrán tener certeza jurídica de sus propiedades, debido a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Bacalar y la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro).
Estas poblaciones fueron, en su momento, campamentos de refugiados guatemaltecos.
Se fundaron en 1985, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidaspara los refugiados (ACNUR), debido a la guerra civil de Guatemala, lo que generó que el Gobierno Mexicano acogiera a más de 45 mil personas, que fueron enviadas a Chiapas, Campeche y Quintana Roo.
En el acuerdo, el Gobierno de Quintana Roo entregó una porción de tierra en la zona rural del entonces municipio de Othón P. Blanco, cerca de Bacalar, para que los refugiados se instalarán en tierras que les permitieran tener sus propios cultivos y desarrollar actividades económicas.
Sin embargo, aunque tienen pleno reconocimiento como comunidad y mantienen representantes ante el municipio de Bacalar, la mayoría de ellos no con certeza en la tenencia de sus propiedades, pues muchos de los predios en los que habitan, aún pertenecen al Gobierno de Quintana Roo.
El Municipio de Bacalar y la Agepro celebraron un convenio de colaboración por el que el Gobierno Municipal se comprometió con las familias que aún no cuentan con certeza jurídica y seguridad patrimonial, para que puedan realizar los trámites de regularización.
De esta forma, los habitantes podrán regularizar y titular sus parcelas y lotes. Además, el Cabildo autorizó la exención respecto al pago de derechos por concepto de Cooperación por Obras Municipales y Cédula Catastral, con la finalidad de facilitar la obtención de los requisitos para el trámite.
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NR