Desde la edad media la solución de los problemas económicos de un gobierno era y es aumentar impuestos, en nuestro país incluso en alguna época se llegó a gravar hasta el número de ventanas.
En el caso del recién estrenado gobierno de Quintana Roo, no se rompieron mucho la cabeza ante este dilema, como se dice coloquialmente, sus pasivos rondan alrededor de los veinte mil millones de pesos, al menos cinco mil de ellos con vencimientos a corto plazo.
Ante esta disyuntiva, lo normal es concertar una reestructura con las entidades financieras acreedoras de la deuda, para que se alargue el plazo del compromiso de pago, esto para aligerar la carga, tanto como para buscar otras soluciones de corto y mediano plazo, como por ejemplo recaudar mejor.
Sin embargo, la carencia de ideas, pero sobre todo la evidente falta de experiencia y capacidad de esta nueva administración, particularmente de Eugenio Segura el responsable de las finanzas estatales conduce obligatoriamente a ir por el camino que es más fácil y que no representa el esfuerzo de buscar otras alternativas, simple y llanamente incrementar impuestos.
Por supuesto que existen otras modalidades, pero eso implica, estudio, conocimiento, criterio y sobre todo voluntad, en cambio, lo que se ve es imposición, autoritarismo.
Estamos hablando básicamente de duplicar las contribuciones a través de los impuestos a la nómina, al hospedaje y al saneamiento de playas, entre otros, con la subsecuente e injusta carga que implica literalmente imponer a las empresas, los trabajadores y ciudadanos, la responsabilidad de resolver ellos el desastre financiero oficial.
Por principio de cuentas la responsabilidad moral y legal de la gobernadora es iniciar investigaciones y en su caso proceder en contra de quienes maquinaron y operaron el desastre financiero del estado.
Este tipo de medidas, es decir elevar los impuestos, por lo menos inquisitorias, atentan directamente contra la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas que en Quintana Roo, soportan alrededor del ochenta por ciento de la economía local.
El gobierno de Quintana Roo, que pareciera no saber o entender que sucede más allá de la comodidad de sus oficinas, hace caso omiso del efecto inflacionario que atraviesa el país, que, aunado a un incremento de impuestos de esta magnitud, está condenando irremediablemente a la quiebra a la mayor parte de su capital productivo.
Pero igual de grave es el hecho de que ese aumento exponencial de los gravámenes pareciera no incluir recursos suficientes para la promoción turística, que es la esencia y el motor de la economía local.
Esto sin ninguna duda debilitará a los destinos locales en su constante y feroz competencia ante la gran oferta que existe en la región del caribe, provocando un detrimento del arribo de turistas y por ende de la derrama que generan, misma que sostiene en su correlación natural a materialmente todas las demás actividades dependientes del turismo.
La demanda colectiva tanto de ciudadanía, trabajadores, empresas y organizaciones empresariales por principio de cuentas es una explicación clara y transparente de parte de este ocurrente gobierno, de cuál sería el destino de los recursos obtenidos por el aumento impositivo, sin que eso signifique estar de acuerdo tanto en su implementación como en su uso.
No hay una argumentación oficial suficiente al respecto, independientemente de si fuera convincente o no, la altanería con la que se ha planteado el tema produce sobradas inquietudes, sobre todo muchas dudas relativas al destino final de la recaudación.
Porque por lógica elemental la autoridad tendría que esgrimir sus elementos de juicio y valor, no imponer sus criterios, convencer y hacer partícipes solidarios a todos y cada uno de los que tendrán que asumir el costo, que además de que no les corresponde, les da la autoridad de exigir que su gobierno les reconozca como mandantes y no como herramientas de sus caprichos.