Confesiones

Sin ninguna duda, el responsable oficial del quebranto financiero que sufre el gobierno de Quintana Roo tiene un responsable principalísimo por definición automática, autor intelectual y perpetrador del mismo, Carlos Joaquín González, a quien, por principio ético y legal, la nueva gobernadora ya debería tener que estar llamando a cuentas.

Los pasivos, las deudas que le heredo a esta nueva administración van mucho más allá de lo económico, constan de muy diversos segmentos, que lastimaron no solo la administración, también la convivencia, la estabilidad y la paz de la entidad.

En su momento en esta columna, siendo candidato advertimos en un sinnúmero de ocasiones que sus motivaciones estaban sustentadas en la revancha, es su mínima estatura política, incapacidad y desapego por esta tierra, a la que nunca perteneció y a la cual siempre vio como un botín personal de sus ambiciones.

Sin embargo, aun a pesar de la obligación que Mara Lezama tiene impuesta, para investigarlo y en su caso ejercer las acciones legales correspondientes en su contra, toda vez que la misma ley señala un tiempo específico para ello, ya que de lo contrario estaría dando paso a un espacio de complicidad, le toca ahora a ella resolver ambos temas.

Cumplir la palabra empeñada respecto de conducirse con absoluta transparencia y combatir con empeño la corrupción, tanto la del pasado inmediato como en su propia administración, aunque de inicio pareciera no querer hacer ninguna de las dos cosas.

El hecho obligatorio de castigar por sí mismo no va a retribuir el desfalco, pero es una responsabilidad ineludible, que no concede margen, pero también lo es que le corresponde de manera urgente encontrar los mecanismos para darle viabilidad financiera a la entidad, qué dicho llanamente está al borde de la quiebra.

La solución que su gobierno impone sin consenso, en esa vertiente es la de aumentar impuestos, la alternativa más sencilla igual que autoritaria y que de alguna manera es una forma de evadir una responsabilidad substancial.

La medida es por sí misma anti-climática, más allá de impopular es un suicidio que pone en riesgo toda la economía de la entidad, la pública, pero sobre todo la privada.

La más sencilla cuando no existe la voluntad de buscar otras opciones, la que se impone por voluntarismo derivado de la inexperiencia, resultado de la carencia de oficio, pero sobre todo de no querer hacer un esfuerzo por asesorarse, por buscar hasta el agotamiento formatos existentes que permitan al menos en el corto plazo, un respiro y que eso no implique que sea la sociedad quien tenga que cargar con el peso del pago de la deuda.

No solo porque no le concierne ni a las empresas ni a sus trabajadores asumir el costo de una obligación que le corresponde al estado, mucho menos como ya se especula, para financiar los proyectos políticos venideros.

Quien tendría que proponer otros mecanismos al respecto, el titular de la hacienda pública y la planeación, Eugenio Segura, parece estar más preocupado en promocionarse para un cargo de elección popular en el veinticuatro, que en cumplir su primera y más básica tarea.

A Eugenio Segura no se le reclama su juventud, lo que se le recrimina es la falta de ideas, el desconocimiento del sistema financiero, de las modalidades disponibles, de encerrase en una postura arbitraria y de una suerte de irresponsabilidad al cobijarse en acciones que a el no le representan ningún esfuerzo.

Contamos con información que nos permite establecer que se ha negado a escuchar a colegas suyos de otras entidades que han tenido que enfrentar crisis similares, que no quiere dialogar con expertos financieros tanto del sector bancario, como de destacados asesores y analistas del ramo.

Incluso tenemos conocimiento del planteamiento de propuestas, cuya implementación no solo podrían paliar la emergencia, sino incluso mejorar la condición crediticia de la entidad, que adicionalmente serían de suyo un imán para la atracción de más inversiones.

Pero claro, eso requiere de trabajo, de análisis y diálogo y el novel secretario y aspirante a político, da la impresión de no querer tener que involucrarse en ello, no es difícil imaginar que lo más cómodo es decirle a la gobernadora que incrementar los impuestos es la panacea.

Hacer lo otro supone estudio, comprensión y valoración, independientemente de su obligación de presentarle a la mandataria esas otras opciones y explicárselas, partiendo de la base de que ella misma tampoco cuenta con los atributos del conocimiento del tema. Demasiado compromiso para alguien que de lo único que nos dicen que pregunta es de promoción del voto y publicidad política.

En la administración pública, la omisión en el ánimo de corregir las fallas del pasado es tan grave como la de quien género originalmente el problema, nombrar a una persona no capacitada para ejercer el cargo es, pues no solo un error, es un abuso de poder.

Para este propósito Eugenio Segura cuenta con un aliado, socio y cómplice, Renán Sánchez Tajonar diputado presidente de la junta de gobierno y coordinación política del congreso del estado y también coordinador de la bancada del partido verde.

Aunque sea otra la medida y dimensión, dada la naturaleza de su cargo, sin que eso limite su nivel de responsabilidad, Sánchez Tajonar tampoco ha querido cumplir con su deber y hacer el por su propia cuenta la tarea, que bien podría hacerla dentro de sus facultades.

Los diputados son los representantes directos del pueblo, tendrían que ser los primeros en defenderlos y evitar a cualquier coste, que tengan que pagar más gravámenes.

Pero a Renán Sánchez solo le corresponde que la iniciativa para aumentar los impuestos se apruebe con la mayoría con la que cuentan en el congreso afín a la gobernadora y por supuesto seguir operando cotidianamente para ser el próximo alcalde Cozumel.

Hay prioridades y por supuesto mucha necesidad de nuevos recursos para lograrlo, así las jóvenes promesas políticas de Quintana Roo, que, si así empiezan en sus primeras grandes encomiendas, no es difícil imaginar lo que harán si alcanzan mayores responsabilidades.