Quintana Roo

Mafia maderera impune en Quintana Roo; hay denuncias, pero ningún detenido

El pasado 10 de enero, el comisario ejidal de Bacalar, denunció la tala ilegal de maderas preciosas, pero hasta el momento no hay detenidos
Mafia maderera impune en Quintana Roo; hay denuncias, pero ningún detenido / Por Esto!

La tala ilegal y el tráfico de maderas preciosas de las selvas de la Península de Yucatán se han convertido en un problema visible. Para las autoridades, es un tema poco atendido. En tres años, sólo hay un registro de 16 detenciones por este delito en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mediante una solicitud de acceso a la información, hecha por Por Esto!, se solicitó la estadística de personas detenidas por los delitos de venta ilegal de madera y tala ilegal de madera a partir del año 2015 hasta el mes de febrero de 2022.

La pregunta fue hecha a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de los tres estados que conforman la región.

Los datos arrojados en las respuestas oficiales revelan que no existen registros de detenciones en años anteriores a 2019 en el estado de Campeche, donde el problema es más agudo.

La primera detención registrada e informada a este diario fue en Escárcega, el 16 de octubre de 2019, donde hubo sólo un hombre detenido. No hay más datos sobre el preso, argumenta la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de Campeche.

Este municipio consigna cuatro detenciones por tala ilegal de madera: una el 11 de noviembre de 2019; otra más donde fueron detenidos dos personas del sexo masculino, ambos de 34 años de edad.

Otro hecho más en Escárcega, en marzo de 2021 y ahí hubo dos detenidos de 36 y 39 años. Para el 10 de noviembre de 2021, en el mismo lugar, hubo seis varones apresados por tala ilegal, de los cuales no se tiene información y este es el hecho más reciente.

Hay tres presos más en el Ayuntamiento de Candelaria (Campeche) en 2019 y 2020.

Esta región es de alto riesgo para la flora y la fauna propia de la Península, por el alto interés en la madera fina y el alto tráfico de madera de los aserraderos de la región, que venden chapa y tabla, principalmente de Melina.

En la edición del 9 de marzo pasado, este diario consignó que a los taladores de Hopelchén y Calakmul se les paga mil pesos al día por cortar las maderas de caoba, granadillo y jabín, que son enviadas a Canadá, China y a Estados Unidos.

Aunado a la falta de empleo y la crisis posterior al cierre económico, hay días en que los grupos de traficantes sólo les pagan 500 pesos. La madera de granadillo, por ejemplo, es una de las más costosas del mundo: una tabla de sólo un metro y 20 centímetros (4 pies) en Estados Unidos está cotizada por arriba de los 50 dólares.

Quintana Roo con “cero detenciones”

En el caso de Yucatán, los hechos han ocurrido en el municipio de Mérida. Solo dos detenciones se tienen registradas, una en 2017, de un hombre de 42 años y otra el 8 de febrero de 2020, de una persona de la que solo se sabe que es del sexo masculino, pero se desconoce la edad.

En todos los casos mencionados se desconoce si los vinculados al hecho eran de extracción indígena. Además de que no se reconoce ningún operativo contra el tráfico o la tala de madera.

En Quintana Roo, la Secretaría de Seguridad Pública no tiene ningún registro sobre algún señalado por esta actividad ilegal. La Fiscalía General del Estado también se declaró incompetente para reconocer algún vinculado a proceso por este delito.

Sin embargo, este diario consignó que Felipe Castro Gómez, Comisariado Ejidal de Bacalar, denunció públicamente el corte de árboles de maderas preciosas de la reserva federal de la zona. Las declaraciones hechas el 10 de enero de 2022 argumentan que tienen seis años reportando el problema.

Dijo que el problema no es la venta para exportar al extranjero. La madera es llevada a carpinterías locales que hacen muebles y recuerdos para los turistas.

En los últimos meses, el Gobierno Federal se ha encargado de los operativos en la selva peninsular. La seguridad de las especies oriundas se encuentra ahora en manos de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

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JG