Calizas Industriales del Carmen (Calica), hoy Sac Tun, chantajeó a México en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), corte en donde denunció al Gobierno de México por más de 1 mil 500 millones de dólares.
La defensa mexicana evidenció ante el organismo que la filial de la norteamericana Legacy Vulcan“omitió reconocer que los procedimientos nacionales que inició ante tribunales federales efectivamente afectan las reclamaciones que presenta en el arbitraje”.
Por ejemplo, “un resultado favorable para Calica en tribunales nacionales respecto de las actuaciones de la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), podría implicar que las reclamaciones por daños en este arbitraje queden sin materia. Por ello, la Demandante prefiere encubrir esta situación argumentando de manera superficial y meramente formal que no busca daños y perjuicios a través de este proceso”.
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La denuncia ante CIADI inició a raíz de una clausura hecha por la Profepa en enero de 2019. La transnacional argumentó que autoridades de los tres niveles de Gobierno le impiden continuar la explotación de los predios “El Corchalito” y “La Adelita”.
Calica aseguró que “una decisión interna final a su favor sería una victoria pírrica”, que le serviría de poco porque vendría después de que las reservas de “La Rosita”, el tercer predio que explota y que no entró a la demanda, fueran agotadas.
Calica excedió explotación de material anual
Como expuso Por Esto!, el acuerdo original entre la transnacional, el Gobierno de Quintana Roo y el Gobierno Federal estableció que la empresa podría extraer hasta 6 mil toneladas de material pétreo al año; sin embargo, ésta no lo respetó, pues tan sólo en 2019, año en que presentó la demanda, extrajo 14 mil toneladas; y en el 2020, fueron 11.4 mil toneladas.
“Incluso, en un intento por evitar abordar las consecuencias que tendrían los procedimientos nacionales para este arbitraje, la Demandante se limita a conjeturar que el procedimiento se prolongaría por muchos años”, indicó México en sus argumentos legales, citando a la empresa que, de manera textual dijo: “Calica tuvo éxito en su solicitud para dejar sin efecto la resolución en todo o en parte, la Profepa podrá impugnar dicha decisión mediante procedimientos que pueden tardar muchos años en resolverse”.
“Sin embargo, en la audiencia quedó demostrado que la Demandante pretende indebidamente que el Tribunal realice un análisis de nuevo respecto a cuestiones legales y científicas de derecho nacional que presenta de forma paralela ante este Tribunal y tribunales nacionales, tal como lo señalaron los expertos legales de la Demandada”, remató México.
Y es que cuando se le otorgaron las concesiones, la compañía aceptó que cualquier situación legal sería arreglada únicamente en los tribunales federales, lo cual no cumplió, al presentar denuncia en la corte internacional. “Por lo tanto, en la medida en la que la Demandante plantea cuestiones técnicas de derecho mexicano ante este Tribunal, resulta indudable que las determinaciones que formulen los tribunales nacionales serán relevantes para este arbitraje”, indicó la defensa mexicana al CIADI.
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CG