La protección de la selva y los recursos hidrológicos en el Sur de Quintana Roo ha derivado en amenazas contra campesinos, comisarios ejidales y habitantes de municipios de Bacalar y Othón P. Blanco, quienes por una parte, buscan frenar la tala ilegal de árboles en un polígono del primero, y por otra, la privatización de un balneario ejidal.
En el primero de los casos, el Comisario Ejidal de Bacalar, Felipe Castro Gómez, denunció que desde el año 2021 detectaron a personas dedicadas a la tala ilegal de árboles en la reserva forestal del ejido, en donde han desaparecido varias áreas de selva, producto de esta actividad ilícita.
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Sin embargo, aunque tienen documentado el ilícito, poco pueden hacer como autoridades ejidales para frenar el ecocidio que representa la tala de árboles, pues, en su mayoría, estos grupos siempre portan armas de fuego de grueso calibre y aunque pidieron desde el mes de febrero de este año, en una entrevista publicada por Por Esto!, la intervención de la Guardia Nacional, no han tenido respuesta.
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Utilizando nada más su autoridad como Comisario Ejidal, han instalado puestos de control para tratar de frenar esta actividad ilícita, lo que permitió ubicar, el 20 de marzo pasado, una camioneta donde se transportaban troncos ya listos para su venta, que fueron talados de manera ilegal.
En aquella ocasión, lograron detener a una persona, aunque fue después de reportar el hecho al número de emergencias 911, cuando llegaron las autoridades.
Esta intervención ha generado que reciban amenazas, las cuales no han sido denunciadas, pero generan temor entre las autoridades ejidales de Bacalar, puesto que están en desventaja con los delincuentes, que portan armas de grueso calibre.
Otro caso documentado es de las Mujeres Defensoras del Territorio y el Agua, quienes en febrero de 2021 emprendieron una campaña para defender un ojo de agua denominado “El Chorrito”, que fue entregado por 10 años a un extranjero, quien lo privatizó.
En esa maniobra, el Comisario Ejidal de Juan Sarabia, Marcos Jiménez Potenciado, entregó en comodato a un extranjero, de nombre Andrea Mancini, el ojo de agua denominado “El Chorrito”, para que fuera privatizado, aunque pertenece al poblado, cuyos habitantes lo utilizaban como zona de recreo y en ocasiones para abastecerse del vital líquido.
Las mujeres tuvieron que interponer una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo, pues señalaron que habían recibido amenazas no sólo del Comisario Ejidal de Juan Sarabia, Marcos Jiménez Potenciano, sino también de elementos de la Policía, quienes amenazaban con detenerlas.
A más de un año de iniciado el conflicto en esta zona, hasta el momento no se ha solucionado, a pesar de que se han iniciado varios procedimientos legales contra de Jiménez Potenciano.
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CG