Hasta 60 mil pesos se llegan a pagar por ejemplar cazado de jaguar en la Península de Yucatán, una especie considerada en amenaza por múltiples factores. La presencia y riesgos de esta especie es analizada por la organización internacional Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés).
Aunque el marco legal en México es suficiente para la defensa del animal, preocupa a la organización el crecimiento de las ofertas en internet de “artesanías” o partes de jaguar ofrecidas en Internet y el deseo, un aumento en los operativos de revisión y detención de cazadores furtivos que se aprovechan de las comunidades.
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La WWF ha publicado su informe “Diagnóstico del tráfico ilegal del jaguar en la Península de Yucatán” en donde analiza varios aspectos de la venta y la captura ilegal del “felino de América” en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, una de los hábitats más importantes del Jaguar en México.
El jaguar (por su nombre científico Panthera onca) es una especie considerada en peligro de extinción desde el año 2010 y prohibida su caza desde el año 1987. En la Península de Yucatán se considera que existen apenas mil 600 ejemplares, según el Censo Nacional de Jaguar (Cenjaguar) realizado por el Grupo de Expertos en Conservación y Manejo de Felinos Silvestres de México.
Al acecho del Jaguar
Este gran felino salvaje tiene en su contra, como primer punto, el desarrollo de la mancha urbana en las capitales peninsulares. El desarrollo de vías de comunicación, fraccionamientos cerca de la selva y actividades agropecuarias interrumpe la movilidad de la especie y hace que choque con la vida humana.
“Por ejemplo, el desarrollo urbano en Quintana Roo genera nuevos conflictos entre perros y jaguares; se ha registrado una gran cantidad de perros depredados en Playa del Carmen y en la Riviera Maya (…) El macizo de más de un millón de hectáreas protegidas que forman la Reserva de la Biosfera de Calakmul, junto con las dos ANP estatales de Balam kú y Balam Kim, representan un área clave para mantener las poblaciones de jaguar”, dice el informe publicado en marzo de 2022.
El informe también destaca que, en Calakmul (Campeche), los habitantes de la zona rural dependen mucho del consumo de carne de “animales del monte” que viven dentro y fuera del Área Natural Protegida (ANP) lo cual genera una competencia entre el Jaguar y los seres humanos; batalla que gana el cazador y deja en grave desventaja a la especie en peligro de extinción.
En el tema de la agricultura “el jaguar pierde espacios por el desmonte para la agricultura de roza-tumba-quema que ocasiona que se desplace hacia la reserva de la biosfera de Calakmul y en el extremo de la reserva, en el camino que va de Xpujil hacia Guatemala”.
Los jaguares viejos y lastimados ya no pueden acceder tan fácil por sus presas al encontrar entre campos para agricultura, ganadería o los megaproyectos desarrollados en la Península.
Cacería, entre la tradición y lo furtivo
Los habitantes de asentamientos rurales en la Península cazan Jaguares como un acto de defensa a la comunidad, aunque esto es poco frecuente. El informe destaca que en la actualidad, con la existencia de leyes y operativos por parte de las autoridades federales, los campesinos prefieren quemar los cadáveres y enterrarlos para evitar el abordaje de intermediarios.
“Es importante identificar a los tres actores en el tráfico de jaguar: 1) gente de las comunidades que conviven con la fauna silvestre y se convierten en cazadores furtivos, generalmente, motivados por necesidad, pero también por la falta de conciencia ecológica”, menciona.
El segundo actor “son los traficantes que se dedican a llevar los productos a la ciudad y los ofrecen a través de diferentes medios” como las redes sociales y que incluso, según la WWF, pueden estar vinculados con UMAS o zoológicos. En el tercer puesto se encuentran “los ciudadanos que demandan estos productos que carecen de conciencia ecológica y no les importa el esfuerzo que están haciendo las instituciones para proteger al jaguar”.
Sin embargo, este documento se considera que no existe una red estructurada regionalmente en la Península de Yucatán, aunque, en Campeche, sí existen comercios y personajes interesados en la venta de jaguares.
“En Campeche, sí hay un mercado negro, pagan de 60 mil a 80 mil pesos por jaguar. Es probable que haya aumentado, pero es difícil tener pruebas de ello (…) Hay comercio ilegal no solo del jaguar, sino de otras especies de fauna; el mercado existe y es probable que el crimen organizado esté involucrado”, dice el texto.
Se destaca que también existe una “red hormiga” que intenta pasar cualquier tipo de especie en el aeropuerto de Mérida, Yucatán. No se ofrece más información sobre esto.
“Rumores locales hablan de que hace algunos años un grupo de cazadores fueron a cazar o capturar jaguares en Calakmul, se pagó arriba de $100 000.00 por ejemplar, pero no se tiene certeza (…) En una época, la venta de pieles de jaguares era normal por su facilidad para conseguirlas”.
Además de que, para concluir el tema, se tiene información de la oferta de colmillos de jaguar por mil 800 pesos (como mínimo) que son ofrecidos a turistas y ciudadanos mexicanos.
En 20 años, 72 jaguares afectados por daño a su hábitat
La WWF destaca las actividades en protección a la especie por parte de comités de vigilancia en defensa del jaguar. Sin embargo,
señala que en 21 años han existido 85 ejemplares de este animal dañado por las malas prácticas contra su hábitat o por la caza.
“Se registraron 30 partes y productos incautados de aproximadamente 20 jaguares: 14 pieles completas, 10 artículos de pedazos de piel, 3 taxidermias, 2 cabeza-trofeo y 1 esqueleto. Se encontraron 11 municipios involucrados; sobresaliendo la ciudad de Valladolid en Yucatán con 50% del total de partes o productos confiscados”, señala.
El estado donde mayor número de inspecciones oficiales es el estado de Yucatán (con 22 inspecciones), le sigue Quintana Roo con 17 y Campeche con 8 inspecciones. En total, en poco más de 21 años se han hecho 47 inspecciones.
Los números de los comités de vigilancia es de las más altas. Los recorridos de protección llegan a casi mil; mientras que los Comités de Vigilancia en la región llegan a 69. El Estado con mayor número de Comités es Quintana Roo con 45.
“Durante veintiún años (1999-2019), la Profepa realizó 47 inspecciones donde se detectaron actividades ilegales contra el jaguar en la Península de Yucatán. En los últimos ocho años se agrupó 55.3% del total (…) Existen 19 municipios involucrados: 3 en Campeche, 6 en Quintana Roo y 10 en Yucatán; entre los que destacan Mérida, con siete inspecciones, Valladolid, con cinco y Benito Juárez, con cinco”.
La organización considera que es necesario reforzar las instituciones locales para perseguir el delito de la caza furtiva y la venta ilegal de piezas de origen animal y actualizar el marco legal federal, aunque consideran “suficientes” las leyes existentes. Ante un escenario creciente, los vendedores se manejan desde el anonimato que ofrecen las redes sociales y páginas web y no solo comercializan con el Jaguar, también con otras especies peninsulares.
Datos
Número de inspecciones con infracción, estimación de jaguares afectados por actividades ilegales, operativos, recorridos de vigilancia y comités de vigilancia participativa realizados en la Península de Yucatán (1999-2019)