Durante los informes de Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y Sistema de Evaluación de Desempeño (SED), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la dependencia señala que en los últimos seis años de ejercicio, el Gobierno de Carlos Joaquín González siempre estuvo por debajo del promedio en la transparencia de aplicación de recursos y las tareas de evaluación en la aplicación de recursos.
Los informes anuales de la SHCP no explicitan los montos asignados mediante el Presupuesto de Egresos, sino que están enfocados en analizar y calificar cómo se aplicaron los recursos.
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El informe “toma como referencia las respuestas y documentación probatoria remitidas por los entes públicos” de cada ejercicio presupuestario.
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Desde el año 2016, en su primera etapa de periodo administrativo, el Gobierno de Quintana Roo, encabezado por Carlos Joaquín fue señalado por tener poca disposición en trasparentar recursos. En el primer año, la calificación fue de 47.9 por ciento y la posición general estuvo en el sitio 20, a doce espacios del último lugar.
“El Estado presenta áreas de oportunidad principalmente en la sección de Transparencia (47.9%), en ese sentido, es necesario fortalecer el marco normativo, así como los mecanismos de implementación en materia de transparencia, rendición de cuentas, armonización y uso del lenguaje ciudadano”, dice el informe de 2016.
En el caso de evaluación, para ese año, el sistema identificaba que era uno de los rasgos más rezagados en la administración local, y para ellos era “necesario fortalecer e incrementar las tareas de evaluación del desempeño de los programas y objetivos estratégicos del gobierno”.
Para el siguiente año, la evaluación en el ramo de transparencia fue menor. El resultado fue de 45.7 por ciento y el ramo de evaluación presupuestal apenas si llegó al 21.6 por ciento. Es decir, en 2017, el Gobierno reprobó tanto en acceso a la información como en la planeación de la aplicación de los recursos federales.
Sin embargo, ese año la evaluación general en las Entidades de la república fue tan baja, que Quintana Roo subió de la posición 20 a la 15, y con una calificación general menor de 67.8 de resultados presupuestales federales.
En 2018, la calificación general de Hacienda fue peor. El promedio de evaluación del dinero federal aplicado en Quintana Roo fue del 54.3 por ciento; en ese periodo, el Estado llegó a la posición 29 a nivel nacional.
El 58.3 por ciento de los recursos de la Federación eran transparentados; el 21.6 por ciento tenía buena programación; apenas la mitad (50.1 por ciento) de los programas tenían indicadores óptimos de resultados y la evaluación llegaba a 39.7. Estos fueron los resultados del 2018.
En 2019 no hubo resultados del Sistema de Evaluación de Desempeño, por lo que no hay datos específicos en cada ramo.
Los resultados de 2020 (ya entrado el nuevo Gobierno Federal) tuvieron una leve mejoría; apenas el 62.2 por ciento del dinero público era transparentado en Quintana Roo por la administración joaquinista. Lo mismo sucedió con el área de indicadores de resultados, que alcanzó el 60 por ciento; es decir, el Gobierno local apenas si cubría la cuota para demostrar la aplicación de lo comprometido.
Los dos últimos informes, 2021 y lo que va de 2022, sostienen la tendencia en comportamiento administrativo en el Gobierno saliente. Poca transparencia y pocos resultados demostrativos del dinero oficial.
En 2021, el ramo de apertura de información llegó a 67.5 por ciento del total de proyectos y documentación evaluada; mientras que el indicador de resultados llegó al 30 por ciento.
Para este año, el primer ramo llegó al 42.5 por ciento, lo que indica que para los últimos meses de trabajo, el Gobierno de Quintana Roo apenas si está interesado en presentar documentación y acceso a los ciudadanos de sus actividades con recursos públicos. Es el peor resultado desde el informe de 2016.
En programación del gasto cubre el 85 por ciento de lo requerido; en indicador de resultados llegan al 50 por ciento exacto y en Evaluación alcanzó al 82.5 por ciento.
La contradicción del gobierno joaquinista fue que, ante la federación, entregaron la información para demostrar la programación y evaluación del gasto en obras y programas no así con los indicadores de resultados y cómo beneficiaba a la ciudadanía la aplicación de dinero público.
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CG