El colectivo de Víctimas del 9N, en compañía de Amnistía Internacional y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) denunciaron que el Gobierno de Quintana Roo rechazó firmar el acuerdo de reparación integral del daño para las personas que fueron víctimas de represión policial hace casi dos años, dando un revés a los acuerdos concretados en las mesas mensuales de trabajo conjuntas, pactadas desde el 8 de abril de 2022.
Según los afectados, se había llegado a un acuerdo en conjunto, con las autoridades que participan en el proceso de reparación integral del daño, en representación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, como lo fueron la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceaveqroo) y su Dirección de Asuntos Jurídicos, y el titular del despacho jurídico del Gobierno; así como la Fiscalía General del Estado (FGE).
Sin embargo, el Subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobierno del Estado, Elías Antonio Prado Laguardia, manifestó la decisión de no firmar el acuerdo durante la mesa de trabajo que se realizó de manera virtual el 11 de julio de 2022, fue bajo el argumento que ya se había efectuado una reparación del daño de las víctimas en meses anteriores.
“Esto nos parece una burla, ya que lo que queríamos, era la reparación del daño, que todas esas personas que participaron y están por salir de sus funciones, ya que entrará el nuevo Gobierno, volvimos a confiar en las autoridades, y al final no habrá justicia”, aseguró Wendy Galarza, en conferencia de prensa.
Las organizaciones aseguraron que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Estatal dio por cumplida la Recomendación CDHEQROO/20/2020/II que emitió acerca del caso, por lo que el colectivo promovió un recurso de amparo y de inconformidad ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), porque dicha recomendación no cumplía con los estándares establecidos en materia de reparación integral del daño, la cual comprende cinco medidas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
“No se pueden violar los derechos humanos de las personas y que no haya un castigo; es por ello que estas prácticas siguen en aumento, ya que todos los entes gubernamentales no son sancionados de las decisiones y actos que promueven; es una pena que el Gobierno de Quintana Roo falle de esta manera”, concluyó Edith Olivares, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional.
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JG