El Ayuntamiento de Chetumal perdió el recurso de queja número 242/2022 presentado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, ya que, por unanimidad, los Magistrados declararon inoperantes todos los argumentos que presentó la autoridad Municipal, en la inconformidad que tramitó contra la admisión de la demanda de amparo número 287/2022, que promovieron los habitantes de la Zona Limítrofe de Quintana Roo ante el Juzgado Sexto de Distrito.
Los pobladores de dichas comunidades buscan que, mediante sentencia de amparo, se obligue a la Comuna de Othón P. Blanco, de la alcaldesa Yensunni Martínez, a cumplir con sus responsabilidades constitucionales en materia de obra pública de competencia municipal y con esta resolución dan un paso más en su objetivo.
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Los ciudadanos calificaron esto como un triunfo para su lucha que busca mejorar las condiciones de vida de las comunidades marginadas a las que se le ha sido negada toda posibilidad de obra pública, bajo el falso argumento de la autoridad municipal que tiene un impedimento legal que no permite invertir en aquella región del Municipio de Othón P. Blanco.
La representación legal del Ayuntamiento de Chetumal, alegó falsamente que el Juez Sexto de Distrito, con residencia en la capital del Estado, no debió admitir la demanda de amparo promovida en el mes de abril por habitantes de la Zona Limítrofe toda vez que en la demanda los quejosos se dolían de la falta de presupuesto destinada a obra pública para sus comunidades, pero desde la perspectiva de la autoridad municipal, al ser un órgano colegiado y único facultado para aprobar presupuesto sus actos no podían ser revisados por la vía de amparo por las autoridades judiciales.
Debido a lo anterior en las siguientes semanas, el Gobierno de Othón P. Blanco, tendrán que responder ante la justicia federal por su omisión de incluir a dichas comunidades en sus programas de inversión anual de forma reiterada, lo que, desde la perspectiva de los habitantes de la Zona Limítrofe de Quintana Roo, constituye un acto de discriminación.
El asesor jurídico del Comité de Gestión de la Zona Limítrofe, Andrés Blanco Cruz, manifestó que al ser excluidas las comunidades del Programa de Inversión Anual (PIA) el Ayuntamiento de Othón P. Blanco violenta los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes de dichas localidades sin dejar de señalar que el PIA aprobado por unanimidad de los integrantes del Cabildo de Chetumal, contraviene los principios rectores del presupuesto establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Este artículo, según Blanco Cruz, el artículo rige la programación del presupuesto conforme a la justa distribución de los ingresos y la riqueza, así como el progreso compartido y al ser excluidas al redor de 50 de un, total de 83 comunidades entre las ubicadas en la zona limítrofe y de la Ribera del Río Hondo, el Ayuntamiento dejo de cumplir con sus responsabilidades constitucionales al dejar de velar por el progreso compartido y la distribución equitativa de la riqueza para garantizar la justicia social.
Debido a lo anterior confía que en el momento procesal oportuno la Justicia Federal ampare a los habitantes de las comunidades rurales y al perder el Ayuntamiento de Othón P. Blanco este recurso legal, se abre la posibilidad que las comunidades de esa región cuenten con calles, parques, banquetas, vivienda y en general toda obra pública que el Ayuntamiento está obligado a realizar.
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CG