La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) ha demorado siete años en autorizar el espejo de agua donde se ubica la instalación de atraque de la Cooperativa pesquera “Isla Blanca”. A pesar de varias promesas, la cooperativa necesita con urgencia este documento para gestionar la remodelación de su muelle, que se encuentra en un estado de deterioro avanzado.
Los directivos de la sociedad explicaron que después de un prolongado litigio para recuperar la zona federal y la ratificación de la concesión por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2016, comenzaron los trámites con la Apiqroo, pero los funcionarios han estado posponiendo la autorización hasta el final del sexenio anterior.
A pesar de que ha transcurrido un año de la actual Administración estatal, la solicitud aún no ha avanzado, lo cual es preocupante ya que la cooperativa necesita con urgencia renovar su muelle, que se encuentra muy deteriorado. Para solicitar la rehabilitación, es imperativo contar con el documento requerido, dado que la dependencia estatal incluye la zona federal en el Recinto Portuario bajo su responsabilidad.
El espejo de agua abarca una superficie aproximada de mil 180 metros, donde se realizan maniobras de atraque y despeje de embarcaciones menores, además del uso del muelle de 36 metros de longitud.
La zona federal, que estuvo en disputa desde octubre de 2011 hasta 2016, abarca una superficie de aproximadamente 690 metros cuadrados, que la cooperativa que adquirió el terreno colindante, “Justicia Social”, reclamaba para su marina.
Durante esta batalla legal, la cooperativa enfrentó gastos significativos en la contratación de despachos jurídicos para defender su causa, ya que fueron desalojados por la Marina en 2011, cuando sus embarcaciones fueron arrojadas sobre el malecón Rueda Medina debido a supuestas maniobras legales y acuerdos entre las autoridades municipales, estatales y federales.
Finalmente, lograron demostrar la vigencia de la concesión de la zona federal, que databa de la década de los 80, con la reciente ratificación por parte de Semarnat. Todo esto se acreditó en el juzgado, lo que llevó a la revocación del desalojo cinco años después.
“Nos urge la autorización para poder tramitar la solicitud de apoyo federal para reparar el muelle que se está cayendo”, expresó el tesorero de la organización, Martin Puc, quien ha sido testigo de un prolongado período de espera y numerosas promesas incumplidas.
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HS